Tras casi dos años de gestiones y debates que involucraron a legisladores, organizaciones sectoriales, privados, distribuidoras, estados provinciales, usuarios y al Poder Ejecutivo argentino, se aprobó la Ley de Generación de Energía Distribuida, un proyecto impulsado por Villalonga (diputado nacional del PRO) junto a sus pares Luis Bardeggia (FPV), Néstor Tomassi (PJ), Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).
La norma permitirá habilitar a usuarios residenciales y pymes a generar su propia energía obtenida de la producción de equipos de energías renovables de baja potencia en todo el territorio nacional, e inyectar eventualmente el excedente producido en la red de distribución.
El primer artículo de la ley, que fue aprobada en el Congreso el pasado 30 de noviembre, prescribe su objeto: “Fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias”.
De acuerdo con la norma, el FODIS podrá proveer recursos y otorgar préstamos, subsidios o bonificaciones, así como fijar incentivos a la inyección o bonificaciones para la adquisición de sistemas de generación, o incluso financiar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.
La ley también contempla la creación del un fondo para el fomento de la industria nacional asociada (FANSIGED), cuyas actividades serán “investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables”.
Argentina es un país en el que las energías renovables no tienen todavía un espacio significativo, solo el 2% de la generación eléctrica proviene de recursos renovables.
La intención primaria es que esto cambie a muy corto plazo gracias a la aplicación de la nueva Ley de Energías Renovables, sancionada a finales del 2015, que estableció ambiciosos objetivos de consumo eléctrico de fuentes renovables.
De acuerdo al nuevo marco normativo, la Argentina deberá contar con el 8% del consumo de energía eléctrica de fuentes renovables para diciembre de 2017 (que se fiscalizaría en diciembre de 2018) y deberá alcanzar al 20% para 2025.
Las ventajas de impulsar la generación distribuida no se resumen solamente en ampliar la oferta de energía renovable para cumplir con la ley. Se trata de una alternativa que reduce la necesidad de obras en las redes de transporte de energía eléctrica, que favorece las inversiones nacionales, que moviliza mano de obra local, que impulsa la investigación y desarrollo y que puede inducir la fabricación local de componentes para los pequeños parques de generación eléctrica.
Utilizamos cookies de terceros para mostrar publicidad relacionada con tus preferencias. Si continúas navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Puede obtener más información en:
Politica de Privacidad