El dolor de los inmigrantes: una “dreamer” argentina detenida por el gobierno de Trump

Fue arrestada por defender a su familia. Su padre Daniel y su hermano Alan, que emigraron desde Córdoba en 2001, fueron detenidos el mes pasado por no tener residencia legal y se encuentran a la espera de ser deportados

Daniela Vargas, una joven argentina de 22 años que había llegado a Estados Unidos en 2001 con siete años, residía ilegalmente en Estados Unidos, pero estaba en proceso de regularizar su estatus gracias a un programa impulsado por el ex presidente Barack Obama. Esta “dreamer” fue arrestada ayer por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tras denunciar en una conferencia de prensa la situación que atraviesan su padre Daniel, de 55 años, y su hermano Alan, de 26.

En medio de la tensión que viven los inmigrantes tras la asunción del presidente Donald Trump, Daniela salió al aire en un canal de noticias para defender a su familia y denunciar que el 15 de febrero, cuando iba a trabajar por la mañana, su padre, pintor de casas, fue detenido por las autoridades federales de inmigración y que su hermano, un trabajador de la construcción, ese día tampoco volvió a su casa.

Fue a causa de esas dos ausencias que Daniela decidió dar su voz a conocer y fue esa la forma que los agentes del gobierno encontraron para dar con ella. Luego de aparecer en los medios, esta joven de 22 años que llegó a Estados Unidos a los 7 años escapando de la crisis económica de 2001 en la Argentina, fue detenida ayer en Jackson, Misisipi.

Daniela, como muchos otros jóvenes, estaba protegida por una política lanzada por la gestión Obama que protegía a los hijos menores de los inmigrantes ilegales que llegaban al país en busca del “American Dream”: los ahora conocidos como “dreamers”.

“Los inmigrantes indocumentados que llegan al país con menos de 16 años pueden recibir un permiso particular para residir”. Hasta ahora, son más de 750.000 los chicos que reclamaron este permiso

El arresto de Daniela se produjo en Jackson, en el sureño estado de Mississippi, cuando varios agentes interceptaron el vehículo con el que abandonó la rueda de prensa, según explicó su abogada, Abigail Peterson.

“Ya sabes quiénes somos y ya sabes por lo que estamos aquí, estás aquí (en Estados Unidos) ilegalmente”, le dijeron los agentes a la chica, según relató el letrado de acuerdo con un testimonio presente en el momento de la detención.

El caso de la joven había tenido cierta repercusión mediática, por lo que su abogado asoció la detención de a una represalia de las autoridades migratorias para acallar a su clienta

El actual presidente Donald Trump prometió durante la campaña que los “dreamers” serían deportados igual que el resto de indocumentados que viven en el país (unos 11 millones), pero con el paso de las semanas ha ido moderando su posición y finalmente los dejó fuera de su nuevo masivo plan de deportaciones establecido la semana pasada.

¿Cuál era la situación legal de Daniela cuando fue detenida? Su estado en relación al programa había expirado. El mismo debe renovarse cada dos años y ella había entregado los papeles, en un trámite que cuesta 495 dólares, el 10 de febrero. Por lo que aún no había sido procesada. Fue por eso que cuando las autoridades llegaron a su casa aquel 15 de febrero ella decidió esconderse dentro del armario. Desde allí llamó a su madre para contarle lo que estaba sucediendo, de acuerdo a una nota publicada por el diario The Huffington Post.

Pero Daniela no pudo escapar de lo inevitable: los agentes la encontraron, forzaron la puerta del armario y con armas en alto la detuvieron, la esposaron. Luego, cuando llegaron los medios locales para reportar lo que ocurría, la liberaron.

Su abogada, Abby Peterson, confirmó que Daniela ahora está siendo procesada por las autoridades de inmigración. Asimismo, confirmó que la joven no tiene antecedentes penales.

Desde el gobierno de Trump aseguraron que las razones por las que fue detenida es por haber dicho que tenía al día su estatus en el país cuando no era cierto. Ahora, su destino está en mano de un juez, que dirá si puede permanecer en el país o no.

 

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