Un país al margen de la Ley no tiene chances de futuro. El concepto, definido brillantemente por Carlos Nino hace más de 25 años mantiene plena vigencia y, lo que es tan grave como doloroso, define un núcleo esencial de las brutales y recurrentes crisis argentinas.
La corrupción sistémica, organizada desde el Estado para lograr, mantener o acrecentar poder y dinero para personas o grupos de personas, es sin duda uno de los principales problemas de nuestra sociedad
Otro igualmente crítico es la falta de consenso para definir a la corrupción sistémica como tal y enfrentarla con decisión, provenga de quien provenga.
La dirigencia no ha asumido aún que es imposible convivir con semejante nivel de corrupción organizada, que no puede haber grieta al respecto, que los corruptos deben ser repudiados en forma unánime y que la lucha contra este nefasto flagelo sólo admite dos bandos: el de los que delinquen y el de la inmensa mayoría que reclama la aplicación de la Ley para terminar con sus crímenes.
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Esa ausencia de compromiso da sustento a la impunidad, permite que los trámites se eternicen y garantiza que nadie devuelva lo robado.
La absolución del expresidente Menem por la causa en la que estaba condenado por contrabando agravado de armas es una dramática muestra de lo frágil de nuestras instituciones y la casi absoluta impunidad del poder
Las pruebas contra Menem -ya condenado, además, en otras causas por diversos graves delitos cometidos mientras ejercía la presidencia- son contundentes. La Argentina, bajo su presidencia, exportó ilegalmente armas a países en guerra, a cuyo fin se perpetraron diversos crímenes, incluyendo decretos falsos firmados por el entonces Presidente.
La causa abierta para investigar tales delitos comenzó hace 25 años(!!!). Su trámite exhibe un nivel de desidia -por así llamarlo- escandaloso incluso para nuestro Poder Judicial. No se trata sólo del tiempo -que, por supuesto, carece de toda justificación posible-, sino de los “errores” (ciertamente valen las comillas) incurridos que dejaron sin investigar delitos tan importantes como los propios decretos falsos del Poder Ejecutivo.
Recordemos que a las fundadas sospechas de grosera corrupción que envuelven los contrabandos de armas se añade la posterior voladura de la fábrica militar de Río Tercero, donde se producía el armamento, que se presume efectuada con la aparente intención de impedir el esclarecimiento del delito original.
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Tras un cuarto de siglo, tras contribuir a guerras siniestras y sancionadas por la comunidad internacional, tras la tragedia de Río Tercero que se llevó vidas y causó enormes daños, los jueces de Casación Catucci, Riggi y -en base a otros fundamentos- Mahiques concluyeron que Menem debía ser absuelto. El argumento central del voto de la mayoría fue que… había transcurrido demasiado tiempo y que el plazo insumido hacía irrazonable continuar con la causa.
En otras palabras, la Justicia admite su desidia, sus gruesos errores y su responsabilidad en que hayan pasado 25 años sin resolver la causa por un delito gravísimo y, sobre esa base, concluye liberando de culpa al principal responsable. La genial María Elena Walsh no pudo haber imaginado un mundo tan al revés
El contraste entre el fallo referido y el de otra Sala de la Cámara de Casación que hace algo más de un mes declaró imprescriptibles los delitos de corrupción, por aplicación del artículo 36 de la Constitución, es fuertísimo. Es de esperar que la Corte Suprema remedie esta decisión consagratoria de la peor forma de impunidad.
En paralelo, otro tema central debe preocuparnos. Los notables avances de investigaciones sobre crímenes de corrupción que dormían en los estantes y cajones de Tribunales no han abordado un tema fundamental, que toda la sociedad reclama: nada se ha avanzado en el recupero de lo robado y la indemnización de los inmensos daños causados por la corrupción sistémica.
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Ninguno de los numerosos acuerdos con arrepentidos, muchos de ellos empresarios de la obra pública o contratistas del Estado que admiten haber participado de crímenes de corrupción, incluye la natural y elemental obligación de los mismos de resarcir al patrimonio público por los daños causados. Tampoco se ha logrado que los ex funcionarios acogidos a la colaboración con la Justicia -a cambio, recordemos, de una sustancial reducción de sus penas- devuelvan lo mal habido e indemnicen perjuicios.
El régimen del arrepentido, pese a sus insuficiencias y a que se lo pueda mejorar sustancialmente, permite incluir en los acuerdos la obligación de devolver e indemnizar por parte de quienes admiten haber cometido delitos en perjuicio estatal pero esa herramienta no ha sido utilizada
De parte del Estado, sin perjuicio de ello, es posible, necesario y urgente promover de inmediato las acciones civiles indemnizatorias contra todos los responsables de los daños causados, que estimaciones con fundamento valoran en decenas de miles de millones de dólares, sólo por sobreprecios y demás perjuicios causados en contrato de obra pública.
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La preservación de las empresas, diferenciándolas de sus dueños, es razonable porque, de lo contrario, se perderían miles de puestos de trabajo y se causarían daños aún mayores a la economía. Sin embargo, ello en absoluto impide que, además de separarse de las empresas a todos los involucrados en las investigaciones y asumirse serios mecanismos de control, como se plantea en estos días desde el Poder Ejecutivo, se requiera de las mismas empresas -que obtuvieron indudables y sustanciosos beneficios por su participación en la metodología corrupta- como condición esencial, que indemnicen al Estado.
La sociedad no puede seguir soportando desidias o complicidades que siguen asegurando la impunidad de los grandes delitos de corrupción
El país reclama que su dirigencia, tanto política como económica y social, y sus jueces se comprometan a enfrentar de verdad la corrupción y a participar activamente para su erradicación. Para que dejemos, al fin, de estar al margen de la Ley.
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