El Lava Jato argentino finalmente se ha desatado. En escasos diez días, una gran investigación periodística demolió los diques que ocultaban nuestra Gran Corrupción. Una corrupción sistémica que la mayor parte de la sociedad suponía pero casi nadie pensaba que podía llegar a demostrarse algún día.
He aquí la primera conclusión trascendente de estos días tan intensos, donde las informaciones su superponen y la “carrera de los arrepentidos” se convierte en el deporte favorito de grandes figuras del poder que pugnan por evitar el fin de la impunidad que los protegió durante tantos años.
No nos sorprenden las revelaciones brutales sobre una trama corrupta tan extendida y organizada; lo que realmente impresiona es que los Tribunales comiencen a descubrirla y parezca posible que los responsables deban responder por ella
La velocidad de los acontecimientos es tal que lo dicho hace pocas horas puede haber perdido buena parte de su sentido. Las compuertas que protegían las inmensas cloacas cedieron y la catarata de inmundicias que liberaron parece incontenible.
Los primeros “arrepentidos” –término poco feliz de nuestra legislación para nominar a los partícipes de delitos que ofrecen su colaboración para aclararlos a cambio de una reducción de sus penas- intentaron evitar la cárcel reconociendo haber hecho “aportes compulsivos”, obviamente ilícitos, a las campañas electorales de los gobiernos anteriores.
Sabiendo que cada dato de los cuadernos de Centeno podía probarse, los empresarios pretendieron justificar sus encuentros con los “recaudadores” y las entregas de bolsos repletos de billetes con un relato inconsistente que buscaba construir una segunda línea de defensa para seguir ocultando la esencia del sistema delictivo.
Los ex funcionarios, salvo alguna admisión parcial como la de Abal Medina, siguieron con la misión imposible de tapar el sol con las manos
La declaración de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, uno de los empresarios favoritos de los anteriores gobiernos y uno de los personajes claves del sistema, terminó de un solo golpe con cualquier estrategia defensiva.
Wagner admite que el acuerdo con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se basaba en establecer de antemano quien participaba y ganaba cada licitación, fijar “anticipos” para que las empresas pagaran con él coimas de entre el 10 y el 20% del contrato y asegurarles diferir el pago del IVA para, con ese dinero, iniciar las obras.
Queda así a la vista la magnitud de la organización criminal denunciada que, obviamente y al igual que en Brasil, incluye fijar sobreprecios: es impensable –y económicamente insostenible- que las coimas se pagaran del bolsillo de las empresas.
Al sincericidio de Wagner y la profusión de pruebas acopiadas en la investigación, se agregan las concluyentes pruebas del Lava Jato brasileño, incorporadas gracias al acuerdo entre las Procuraciones de ambos países, que refuerzan y amplían estas conclusiones, todavía iniciales.
Dos aspectos pasan a ser cruciales: la valoración de los arrepentimientos y el recupero para el Estado de las enormes sumas que le fueron robadas, así como la indemnización de los daños causados
La figura del arrepentido tiene como fin el esclarecimiento de los delitos y la prueba de la responsabilidad de los máximos líderes de organizaciones criminales. No puede usarse para beneficiar a quienes no dicen toda la verdad ni aportan pruebas útiles para demostrarla. Más aún, la Ley no tolera arrepentidos que mientan maliciosamente y considera tal conducta como un nuevo delito (artículo 276 bis del Código Penal) y lo sanciona con una pena autónoma de 4 a 10 años de prisión.
Los arrepentidos deberían, con urgencia, ampliar sus declaraciones y colaborar con seriedad y genuino compromiso para probar todo lo realmente ocurrido, de lo contrario sus acuerdos pueden quedar sin efecto y su conducta podría encuadrar en un nuevo delito, como queda planteado.
La otra faceta decisiva, la que reclama hace tiempo la sociedad, es la económica. Que se devuelvan los dineros públicos defalcados al Estado y se indemnicen los perjuicios, que estimaciones fundadas calculan en miles de millones de dólares
Funcionarios y empresarios son responsables de los daños.
Debe seguirse la ruta del dinero, establecerse la magnitud de los sobreprecios, el modo en que se extrajeron las coimas de las empresas, las consecuencias en materia de evasión fiscal, el destino final del dinero y el modo en que se distribuyó.
En paralelo, cada ex funcionario involucrado debe responder por cada centavo de incremento patrimonial propio y de su entorno.
Quienes se acogen a la figura del arrepentido deben hacerse cargo de los daños causados por los delitos de los que participaron. La Ley permite reducirles la condena penal pero no liberarlos de su obligación económica
En el Lava Jato brasileño lograron recuperar más de 3.000 millones de dólares y se sigue trabajando en esa dirección. En el incipiente Lava Jato argentino de eso casi no se habla.
Más que nunca queda clara la importancia de contar con las mejores herramientas jurídicas para combatir al delito organizado. El Senado de la Nación debe sancionar la extinción de dominio, esa norma que duerme en sus cajones hace más de dos años.
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Hay quienes, no sin motivo fundado, alertan sobre las graves consecuencias económicas de las investigaciones en curso. Sin embargo es preciso considerar, como contrapartida, las mucho más graves que derivarían, para la economía, las instituciones y la vigencia efectiva de los derechos de las personas, si esta gran oportunidad de hacer justicia y construir transparencia se perdiera.
La corrupción es un mal endémico en el mundo y en la Argentina. La Gran Corrupción, la organizada como sistema, no empezó ciertamente en 2003 y nada hace suponer que esté limitada a lo que hoy se investiga.
Para poder enfrentarla y derrotarla es indispensable convertirla en una cuestión al margen de la política partidaria y de las “grietas”, reclamar que los corruptos sean juzgados y devuelvan lo robado sin importar su origen ni “supuesta ideología”.