Lula: el Tribunal Superior de Justicia de Brasil confirma la condena por corrupción

Minimizar la responsabilidad de Lula o calificar las causas de “persecución política” carece de todo sustento. Quienes acceden a cargos públicos deben someterse a la Justicia cada vez que les sea requerido.
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La semana pasada se conoció una sentencia judicial de indudable trascendencia que debería convocar a un profundo debate global, ya que involucra la obligación de todas las personas de someterse a la Ley y, en especial, la de los gobernantes, quienes fueron elegidos por el pueblo y deben rendir cuentas de cada uno de sus actos.

El Tribunal Superior de Justicia del Brasil confirmó la condena al ex presidente Lula Da Silva a casi nueve años de prisión –ocho años, diez meses y 20 días, para ser precisos- por graves delitos de corrupción

Es interesante analizar el modo en que esa tan relevante noticia fue difundida por los medios.

Los medios y la noticia

En su gran mayoría, se trató de titulares que resaltaban la reducción de la pena fijada en las instancias anteriores y el hecho de que, hacia fines de año y una vez cumplida la sexta parte de la condena, Lula podrá solicitar el beneficio de prisión domiciliaria.

Semejante enfoque parece, cuando menos, superficial, muy limitado y poco serio por lo que intentaremos aquí profundizarlo.

La sentencia confirma, por tercera vez y en forma concluyente, que el ex presidente debe ser condenado por crímenes de corrupción.

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Recordemos que, en primera instancia, el Juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y seis meses de prisión y que esa pena fue elevada a doce años por la Cámara de Apelaciones integrada por tres jueces. Ahora, en tercera instancia, cuatro jueces del Tribunal Superior ratificaron la decisión y redujeron –ciertamente, de modo nada sustancial- el monto de la pena.

Queda claro, a partir del fallo, que los intentos de minimizar la responsabilidad de Lula o calificar las causas en su contra de “persecución política”, carecen de todo sustento. Ocho jueces de tres instancias han establecido que ha delinquido y le han impuesto, por ello, una severa sanción penal

La convivencia civilizada de nuestras sociedades se basa esencialmente en la vigencia de la Ley. La existencia de normas claras ante las cuales todos seamos iguales es el punto de partida indispensable para evitar el imperio del más fuerte, el más astuto o el más capaz –en cada momento- de aprovechar las ventajas de que disponga para someter a los demás a sus deseos.

Quienes acceden a cargos públicos no sólo deben someterse a la Justicia cada vez que les sea requerido sino que les compete dar el ejemplo en ese sentido.

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El Estado de Derecho democrático es el resultado de una construcción social lograda a través de siglos, tras incontables y enormes padecimientos de las personas, sometidas a la arbitrariedad autoritaria de reyes, emperadores y toda índole de tiranos impuestos por la fuerza o el engaño y dueños de las personas y los bienes de sus súbditos a lo largo de la mayor parte de la historia humana. No es, en absoluto, un logro garantizado hacia el futuro.

Las personas tienen una natural predisposición a encolumnarse tras liderazgos que rápidamente se consideran providenciales y, quienes acceden al poder, más rápidamente aún se definen a sí mismos como imprescindibles y como los únicos capaces de conducir los destinos de la sociedad

Los ejemplos son innumerables y por todos conocidos, en nuestro país, en la región y en el mundo entero.

Los que ejercen el poder, sea político o económico, tienden a considerarse inmunes a la Ley. Es como si, conscientemente o no, se atribuyeran la libertad de incumplirla y el privilegio de no poder ser sometidos a la Justicia. De allí que toda causa en su contra sea catalogada –por ellos o sus seguidores- como una persecución.

Alan García

Decenas de episodios, que se suceden a diario, podrían citarse como ejemplo pero uno es particularmente claro y extremo en tal sentido. Hace algunos días, otro ex presidente de un país latinoamericano, Alan García del Perú, se suicidó en momentos en que una comitiva policial iba a detenerlo en su domicilio en cumplimiento de una orden judicial.

García estaba también acusado de graves actos de corrupción, similares a los que dieron origen al Lava Jato brasileño, donde más de 150 dirigentes políticos –de todos los partidos con representación parlamentaria- y empresarios prominentes ya tienen condenas a prisión confirmadas y miles de millones de dólares mal habidos fueron recuperados. Varios otros ex presidentes peruanos se encuentran procesados por el mismo motivo.

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Sin embargo Alan García no toleró la idea de ser juzgado, de verse sometido a los Tribunales de su país. Lo expresó con claridad en la carta que dejó antes de quitarse la vida en la cual textualmente dice “He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”.

En nuestras sociedades democráticas, más allá de sus evidentes limitaciones y dificultades, cada persona está obligada a someterse a la Ley. Si quienes pueden eludirla lo hacen y se colocan por encima de ella, el sistema mismo queda totalmente desvirtuado.

Las imperfecciones de la democracia son muchísimas pero siempre nos dejan abierta la posibilidad de corregirlas mediante la expresión de la voluntad popular.

Es que, como bien decía Churchill, la democracia es la peor de las formas de gobierno pero sólo si se excluyen todas las demás.

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