¿Es posible enfrentar a la corrupción?

En nuestra modernidad líquida, donde todo se diluye en instantes, los temas aparecen y desaparecen de la agenda pública a velocidades cada vez mayores. Los analistas políticos coinciden en que el ciudadano común puede indignarse por cuestiones vinculadas con lo institucional, el manejo de la cosa pública y otras que hacen a la existencia y calidad del Estado de Derecho democrático pero su preocupación difícilmente se prolongue en el tiempo y, mucho menos, lo motive a participar en actividades sociales o decida en adelante el sentido de su voto.

La reacción social ante la corrupción y, por consiguiente, las posibilidades de enfrentarla, están así claramente condicionadas y limitadas por una emocionalidad social que no excede lo pasajero.

Sabemos que la corrupción es un fenómeno perverso, despiadado y (demasiado) extendido. Por un lado, priva al Estado de inmensas sumas que reducen en un grado cada vez mayor su posibilidad de asegurar a todas las personas los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes les garantizan. En paralelo, concentra aún más el poder político y económico –habitualmente asociados- en pequeños grupos que concluyen controlando la mayoría de los resortes de la administración pública, comprometiendo el sistema democrático en su esencia.

La corrupción priva al Estado de inmensas sumas que reducen en un grado cada vez mayor su posibilidad de asegurar a todas las personas sus derechos

El fenómeno es global y tan antiguo como la civilización, pero alcanza hoy niveles gravísimos. Para enfrentarla es preciso lograr un amplio acuerdo social y político anclado en consenso sin fisuras: el de asumir, desde el vamos, que la corrupción no es patrimonio de ningún color político, que no tiene signo ideológico y que no hay argumento que la justifique.

No es “de izquierda” ni “de derecha” y, para erradicarla, necesitamos colocarla fuera del legítimo debate democrático de ideas y de la no menos legítima confrontación política.

Para ello, hay medidas básicas e indispensables, que gozan incluso de un gran consenso social, que deben ser instrumentadas con urgencia. De hecho, en Argentina, algunos anuncios en esa dirección son positivos y destacables. La Corte Suprema de la Nación acaba de anunciar que creará un observatorio para difundir y seguir las causas sobre corrupción. Sabemos que esas causas duran en promedio 14 (!!!) años, que son muy pocas las que terminan esclareciendo los hechos y condenando a los corruptos y que los procedimientos para el recupero de las sumas robadas a la sociedad se cuentan con los dedos de una mano.

Las causas duran en promedio 14 años y son muy pocas las que terminan esclareciendo los hechos y condenando a los corruptos

Por todo esto, hacer un seguimiento público del tema será sin duda un aporte para que los responsables –administrativos y judiciales- de dichos procesos los activen con la velocidad y seriedad que la Ley les demanda.

El Poder Ejecutivo anuncia, por su parte, el envío al Congreso de dos de los proyectos que desde hace años muchos impulsamos y que obtuvieran decenas de miles de firmas en una petición promovida a través de Change.org: la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública y la incorporación a la legislación penal de la figura del arrepentido.

La primera es una deuda histórica de la democracia y debe garantizar a cada persona acceder a la información que es, sin duda, de todos. Ello es parte de la obligación de rendir cuentas de cada funcionario público y de cada Poder del Estado. La transparencia es un requisito vital para que podamos ejercer nuestro derecho al control de la gestión.

La transparencia es un requisito vital para que podamos ejercer nuestro derecho al control de la gestión

La segunda, la figura del Arrepentido, es una herramienta fundamental para romper las complicidades mafiosas que protegen a los corruptos.

El camino a recorrer es complejo, largo y muy difícil. Hay numerosas medidas más, indispensables y urgentes, que deben ser adoptadas. Sin embargo, las mencionadas constituyen avances reales que benefician al conjunto de la sociedad y sería por demás importante que todos los apoyemos.

 

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