La sociedad argentina se plantea hoy preguntas difícilmente imaginables hace apenas 20 días. Las sucesivas revelaciones sobre los alcances y la magnitud de una corrupción sistémica cuya existencia ya nadie puede negar han tenido un impacto brutal en la política y la economía. El golpe es duro y dolerá mucho tiempo. Pero también nos pone ante la gran oportunidad de sanear estructuras profundamente deterioradas por décadas, evitando que sumen más daños a un tejido social demasiado agrietado y a instituciones que no pueden seguir aumentando su grave desprestigio.
Vale preguntarse si será posible desarticular el sistema corrupto sin afectar seriamente la obra pública y perder miles de puestos de trabajo. Y también si será posible recuperar lo robado al Estado y que todos los delincuentes, funcionarios y empresarios, nos indemnicen por los inmensos daños que causaron al país
Las declaraciones coincidentes de empresarios y ex funcionarios de diversos orígenes y rangos, que siguen ampliándose cada día, nos muestran la actuación de una poderosa organización criminal creada desde las más altas esferas del Estado para apropiarse de enormes sumas de dinero público.
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Hablamos, como punto de partida, de una cartelización de las contrataciones públicas –es decir, la digitación de quién debía “ganar” cada concurso o licitación-, del pago por el Estado de sobreprecios y del pago a las más altas esferas del poder ejecutivo de altísimas coimas. A eso se van agregando variedad de métodos conexos como cobrar por el otorgamiento o extensión de concesiones o por el pago de otras sumas debidas a las empresas como facturas o subsidios.
Para llevar a cabo esos delitos se cometían otros como evasión fiscal o falsificación de documentos y empiezan a investigarse las maniobras financieras igualmente necesarias que seguramente implicarán a entidades de ese sector.
Una versión novedosa de la corrupción criolla a partir de 2003 fue la “invención” de empresarios antes inexistentes o el abrupto crecimiento de otros, en proporciones claramente injustificables. Esos “nuevos” y, de pronto, tan exitosos empresarios estaban además asociados al poder político, en muchos casos de manera visible y grotesca.
Nada de eso era desconocido, al menos en lo sustancial, hace 20 días. La mayoría de los hechos que ahora se demuestran en sede judicial vienen siendo denunciados desde al menos 12 años atrás. Nunca se investigaron con seriedad y eficiencia y a los denunciantes se los descalificó –cuando no agredió y persiguió- para garantizar la impunidad de los autores de los crímenes.
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Ex profeso no mencionamos aquí nombres. No sólo porque son suficientemente conocidos sino porque, para evaluar los hechos y sacar conclusiones, no deberían importarnos. Los delitos son delitos con independencia de quien los comete.
La respuesta a las preguntas antes formuladas pasa en primer lugar por afirmar que no hay solución fuera de la Ley. Terminar con la impunidad es condición fundamental para comenzar a desarmar el imperio de la corrupción como sistema.
Los acuerdos con quienes se acogen a la figura legal del arrepentido pueden ser una herramienta decisiva. Esa figura viene siendo la clave para que los diques que protegían las cloacas de la corrupción, hasta hace tan escasos días sólidos e inconmovibles, se rompan en pedazos de un modo y a una velocidad asombrosos
Sin embargo, para que sean realmente útiles tales acuerdos deben cumplir con la letra y el espíritu legal, lo que requiere:
- Que los arrepentidos declaren toda la verdad y provean todas las pruebas a su alcance para demostrar la culpa de quienes tuvieron mayor responsabilidad que ellos en los delitos perpetrados.
- Que contribuyan económicamente a resarcir los daños causados al Estado y devolver las sumas indebidamente apropiadas.
El primer punto es crítico para que la validez de los acuerdos se mantenga. El segundo es decisivo para que el Estado empiece a recuperar lo robado. Así sucedió y sucede –no nos cansaremos de repetirlo- en Brasil, donde jueces y fiscales del Lava Jato han logrado reintegrar miles de millones de dólares a las arcas públicas.
Queda por responder el otro interrogante que, ciertamente, no es menor. Las empresas cuyos directivos o accionistas mayoritarios están involucrados en la corrupción sistémica no son sencillamente reemplazables –mucho menos en corto plazo- y ocupan a miles y miles de personas. Han perdido ya una parte considerable de su valor bursátil y corren serio riesgo de perder el financiamiento que precisan para concretar obras ya adjudicadas.
La solución, nuevamente, debe darse en el marco legal, atendiendo al bien común y preservando el rol de la Justicia que, por cierto, debe revertir su papel inoperante –o cómplice- de tantos años de impunidad. Los que han delinquido deben afrontar las consecuencias personales correspondientes y deberían apartarse de las empresas para posibilitar que las mismas continúen con su actividad.
Las empresas, en paralelo, deben contribuir a la indemnización de los daños y devolver toda suma indebidamente recibida
Se trata de alternativas factibles que ya se han instrumentado en el Lava Jato con varias de las principales compañías de la obra pública brasileña y pueden ser aplicadas también aquí.
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Sabemos que la situación económica por la que atraviesa nuestro país es por demás compleja y también es claro que las consecuencias de lo que bien podemos llamar Lava Jato argentino pueden agravarla hasta extremos difíciles de prever.
Vale la pena resaltar que el debate sobre los orígenes de esa situación y sus responsables no puede utilizarse para evadir o minimizar los gravísimos delitos cometidos contra el Estado y la sociedad por los corruptos.
Nuevamente recalcamos que la corrupción no tiene signo ideológico ni bandera partidaria y que ante ella no cabe “grieta” posible, salvo la que se pueda abrirse entre quienes la justifican como sistema y la abrumadora mayoría que la condena
Por eso la dirigencia política y económica tiene ante sí la enorme responsabilidad de avanzar en el saneamiento de la corrupción sistémica y preservar en la mayor medida posible la estructura productiva. Tiene también que sancionar normas como la extinción de dominio, tan largamente postergada y dejar de lado la protección corporativa, como sucede con el abuso de los fueros parlamentarios, empleados evitar que los corruptos deban someterse a la Justicia como cualquier ciudadano.
Todo ello con la urgencia que el caso demanda.
- Alejandro Drucaroff Aguiar es abogado, especialista en ética pública. Escribe columnas en Derecho & Revés, en Buena Vibra, y en otro medios.