¿Cómo recuperar las multimillonarias sumas perdidas por el Estado a causa de la corrupción? ¿Hay alguna chance de lograrlo? ¿Cuál es el mejor camino para intentarlo?
Millones de argentinos se hacen estas preguntas a diario, cada vez que conocen un nuevo escándalo, un detalle más de los innumerables casos que desnudan los latrocinios y enormes daños causados por una corrupción sistémica, demasiado extendida y -por ahora, pese a algunos avances judiciales- impune.
Acaba de conocerse que la Dirección Nacional de Vialidad dio un paso en esa dirección al presentarse en la causa donde se investigan las escandalosas maniobras que encauzaron el 80% de las obras públicas en la Provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Baez, el íntimo amigo de la anterior familia presidencial que se hizo repentinamente empresario días antes de que su amigo asumiera la presidencia.
No nos detendremos en los detalles –por demás conocidos- de la causa. Baste decir que el organismo del Estado le pide al Juez Ercolini que en la causa se incorpore el reclamo civil para que los acusados –la ex Presidenta, sus funcionarios que instrumentaron las contrataciones y los pagos y el propio Baez- sean condenados a resarcir los daños causados que se estiman en más de 1.200 millones de dólares.
El propósito sin duda es elogiable.
La sociedad reclama que se intente por todos los medios legales no sólo que los corruptos devuelvan las grandes sumas robadas sino que indemnicen los perjuicios que causaron al patrimonio estatal
Sin embargo el reclamo de Vialidad obliga a profundizar las preguntas que planteamos al comienzo, en especial si esta es la mejor vía para lograr el objetivo perseguido y cómo hacer para plantear todos los reclamos respecto de cada uno de los tantos casos similares que se conocen.
Lo hemos planteado en diversos aportes anteriores, tanto académicos como periodísticos: las acciones civiles tendientes a recuperar los fondos mal apropiados por la corrupción y a lograr la indemnización de los daños causados al Estado son independientes de las penales.
Dicho en términos sencillos, si cualquier persona o empresa es víctima de un delito económico o sufre un daño a causa de otro, lo lógico es que su prioridad sea que le devuelvan su dinero y la indemnicen por el perjuicio.
Naturalmente querrá también que el delincuente sea juzgado y condenado pero el reclamo económico será esencial para recuperar lo perdido y limitar el daño.
Lo dijimos y lo reiteramos: no hay motivo alguno para demorar esas acciones civiles que persiguen reparar el perjuicio económico sufrido por toda la sociedad
El Código Civil y Comercial define claramente que son independientes de las penales y ni siquiera se puede demorar la sentencia en el juicio civil cuando el penal se dilata y frustra el derecho a ser indemnizado. La duración promedio de las causas por corrupción es de 14 años lo que exime de comentarios. Los juicios civiles, pese a que no sean lo rápidos que desearíamos, duran mucho menos.
Además de la absurda demora que generan esos interminables plazos, plantear los reclamos ante la Justicia Penal trae otro problema serio. Los jueces penales no son expertos en cuestiones patrimoniales y, mucho menos, en determinar indemnizaciones y proceder a su cobro.
Las acciones de contenido económico tienen que apuntar primero a asegurar los bienes de los corruptos para preservarlos
Para ello debe investigarse con rapidez y eficacia cómo se componen los patrimonios de las personas y empresas que se enriquecieron ilegalmente a expensas del Estado y pedirse urgentes medidas cautelares que impidan que desaparezcan. Nada de eso es sencillo ni habitual en el campo penal.
Finalmente, el reclamo de la Dirección Nacional de Vialidad es consecuencia de un estudio, en apariencia prolijo y detallado, de las gravísimas irregularidades ocurridas en la obra pública de una Provincia. Es probable que sea la más visible e incluso la más grotesca pero no puede caber duda de que no es la única.
Son muchas y diversas las contrataciones del Estado de las últimas décadas bajo sospecha. De eso se trata la corrupción sistémica dentro de la cual se destaca muy especialmente la obra pública
Es preciso que se efectúen con urgencia análisis similares de cada obra cuestionada y, con las conclusiones en la mano, se inicien los procedimientos tendientes a recuperar cada suma perdida, cada daño sufrido. A dejar sentado que nadie, sea funcionario o empresario, podrá quedarse con lo que es de todos nosotros.
Lo ideal sería encararlo mediante acciones civiles específicas, independientes de las penales y centradas en recuperar el dinero. Un dinero que el Estado necesita para atender sus obligaciones y lograr que cada persona goce efectivamente de los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan.