En Uruguay, según un estudio de Unesco, más del 30% de los alumnos de 6° año afirma haber sido maltratado verbalmente por algún compañero, lo que ubica al país en cuarto lugar en Latinoamérica, por detrás de Argentina, Perú y Costa Rica.
El alerta sobre el tema lleva tiempo en el país y la diputada del Partido Nacional Lourdes Rapalin presentó un proyecto de ley contra el acoso en las instituciones de Enseñanza.
El proyecto tiene por objeto definir, prevenir e intervenir en los diversos tipos o modalidades de acoso, hostigamiento o bullying en el ámbito educativo, así como adoptar las medidas que correspondan, y eventualmente, sanciones.
Según la diputada, el bullying “es un mal que hace estragos en nuestros centros educativos en particular, y en toda la sociedad en general”.
“El bullying es un terrorismo silencioso que cobra cientos de víctimas”
Recordó que en Uruguay uno de cada seis alumnos de segundo año en liceos privados declara haber sido víctima de acoso escolar, mientras que el 83% admite que “alguna vez” lo sufrió, según datos que surgen de un estudio realizado en 2012 y que fuera presentado en el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying en 2013.
Rapalin indicó que en Uruguay “el 19% de los chicos que se suicidan es por bullying. Es un panorama desalentador y más aún cuando no se hace nada o muy poco al respecto. El 10% de los casos de bullying termina en suicidio u homicidio, entonces recién allí todos se horrorizan y la prensa no para de hablar durante unos días, pero luego todo vuelve al silencio y el bullying queda oculto entre las sombras”.
Prevención
La iniciativa también señala varias medidas de prevención que en los centros educativos se pueden tomar. “Las medidas de prevención tienden a la sensibilización y concientización de los cómplices activos y silenciosos, o sea de todos los alumnos así como de todo el personal. Para ello, los centros educativos deberán impartir en forma curricular capacitaciones a todo el personal docente y no docente, a los padres y talleres con los alumnos”, señala uno de los artículos del proyecto.
El proyecto dispone además que el Ministerio de Educación y Cultura deberá elaborar un protocolo obligatorio para las instituciones educativas que contenga normas sobre convivencia en dichos centros de estudios y en cada una de las jurisdicciones educativas del país, para todos los niveles y modalidades de la enseñanza.
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