Los grandes males del mundo moderno globalizado –claramente reflejados en nuestro país, con especial insistencia en las últimas semanas- parecen muy difíciles de combatir. Por momentos, sentimos que la dificultad linda con lo imposible.
Las constantes revelaciones de actos de corrupción, el poderío creciente del narcotráfico y de las organizaciones criminales, se conjugan con el alto grado de impotencia de los organismos estatales encargados del control de la gestión estatal y de la seguridad, cada día más sospechados de ineficientes o, dicho sin tapujos, de estar infiltrados –cuando no manejados- por aquellos siniestros poderes.
Se trata de actividades delictuosas de inmensa gravedad que comprometen la obligación esencial del Estado de asegurar el piso mínimo de derechos que permita a las personas una vida digna y corrompen las instituciones de la democracia con riesgo concreto de desvirtuarlas por completo
Ante ellas es igualmente impotente el Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para juzgarlas y sancionarlas y se ve igualmente amenazado –e incluso sospechado a veces- de ser cooptado o, al menos, neutralizado.
A la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pueden agregarse a nivel global otros delitos como el terrorismo o el tráfico de armas. Por caso, la evasión fiscal es, por mucho margen, el delito organizado de mayores efectos sobre la economía y, en consecuencia, el que priva a los Estados de mayores recursos para cumplir sus fines.
Poco se habla –y menos se hace con la mínima seriedad indispensable- para combatir ese flagelo que, en buena medida, es una de las causas principales del escandaloso crecimiento de la desigualdad y la brutal concentración de la riqueza que caracteriza las últimas décadas. Baste como ejemplo recordar los cientos de grandes empresas multinacionales ficticiamente radicadas en Luxemburgo para usufructuar una tasa de impuesto a las ganancias más de diez veces menor que la percibida en casi todo el mundo desarrollado y las grotescas maniobras realizadas para derivar las ganancias a ámbitos privilegiados como el mencionado y tantos otros “paraísos fiscales”.
La pregunta obvia –y angustiosa- es si hay vías factibles para enfrentar tanto poder criminal organizado. La respuesta, claro está, no es simple ni única.
Un cambio cultural profundo resulta, desde ya, indispensable, pero no podrá construirse a partir de actitudes individuales ni en corto plazo. Algunas cuestiones son por demás conocidas, relativamente sencillas y de urgente abordaje.
La transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el libre acceso a la información pública –que demanda la sanción inmediata en nuestro país de una Ley Nacional largamente reclamada-, la limitación a casos excepcionales y debidamente acreditados del uso de fondos reservados, la incorporación de la figura del arrepentido que permita desarmar las complicidades mafiosas, son hitos que no pueden demorarse.
Esas medidas –y muchas otras a diseñar- deben promover la participación ciudadana, único mecanismo capaz de acotar las conductas corruptas, comenzando por ponerlas en evidencia para que puedan luego ser juzgadas y castigadas.
es vital encarar los aspectos económicos y financieros de las grandes actividades criminales, la ruta del dinero proveniente del delito
Semejantes organizaciones no podrían existir sin su notorio y conocido acceso al sistema financiero. Sus fondos no se transportan ni circulan en bolsas llevadas por sicarios, al estilo del lejano oeste en antiguas películas. Las estructuras de la corrupción o el narcotráfico conviven en paz y armonía con los grandes evasores en los paraísos fiscales pero no se trata sólo de eso. Los propios paraísos están plenamente integrados con las finanzas “legales” y aprovechan al máximo las herramientas jurídicas creadas al efecto, como las cadenas interminables de sociedades off shore que amparan y ocultan por igual a corruptos, narcos o evasores.
Regresando a la pregunta que nos angustia, la sociedad cuenta con alternativas para enfrentar las máximas expresiones del crimen. Hacerlo exige, ante todo, tomar conciencia de su magnitud, dejar de lado toda especulación política asumiendo que quien delinque no tiene signo ideológico, convocar a una amplia participación del conjunto social y seguir la ruta del dinero para clausurarla porque allí está la clave del éxito.
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