El caso “Scioli” y la costumbre argentina de evitar los problemas de fondo

El “caso Scioli”, por así llamar a la polémica abierta a raíz de la cuestionada participación del ex gobernador de Buenos Aires en la sesión de Diputados, donde se aprobó la modificación de regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos, motiva algunas breves reflexiones.

Desde el punto de vista jurídico, no parece haber mayor posibilidad de controversia. Scioli no está aún designado embajador en Brasil (por más que el Senado haya dado su acuerdo para que el Poder Ejecutivo lo designe) ni renunció como diputado (renuncia que, además, debe ser aceptada por la Cámara). No se advierte chance de cuestionamiento alguno de la sesión de la Cámara de Diputados en sede judicial.

Desde el punto de vista ético, se perciben varios enfoques posibles:

• Es poco ético y, sobre todo, poco respetuoso de las instituciones y la división de poderes, que alguien que ya está actuando como embajador de hecho siga desempeñándose como diputado. Scioli fue presentado a las autoridades del país donde va a desempeñarse e incluso, convocó a funcionarios de distintos lugares de ese país a reunirse con él en Brasilia en fecha próxima. Debería haber renunciado antes.
• No es tampoco demasiado ético, de parte de la oposición, hacer un cuestionamiento tan fuerte a la validez de la sesión porque, si Scioli hubiera renunciado, habría asumido en el mismo acto de la aceptación de la renuncia su reemplazante, del mismo partido y que habría votado de igual modo que él.

Lo que asombra -y muestra el muy bajo estándar de conducta de la dirigencia argentina sea cual sea su pertenencia partidaria- es que el centro del debate haya sido la presencia de Scioli en lugar del importante tema debatido y del desconocimiento por él mismo y por muchos otros legisladores de lo que estaban decidiendo.

Surge también de entrevistas posteriores que ni siquiera pudieron responder al periodismo preguntas simples y directas sobre las consecuencias prácticas de la ley que se votó.

• Puede afirmarse que el oficialismo impuso aprobar el proyecto en cuestión sin dar un debate amplio y fundado, pero, lamentablemente, hay que recordar que esto lo han hecho, de un modo u otro, todos los gobiernos cuando tienen apuro para sancionar una Ley.
• Puede también subrayarse que la oposición acudió al recurso de no dar quórum -recurso cuestionable desde lo ético- pero no sin destacar que todos los partidos lo hicieron cuando fueron oposición.
• Del mismo modo habría que recordar que, durante el gobierno anterior, se aprovechó la demora en asumir su cargo de un Consejero de la Magistratura de la oposición para decidir la destitución de un Juez Federal (para lo cual, a mi entender, sobraban fundamentos). Es decir, se usó un recurso técnico “legal” pero claramente poco ético.
• El debate podría seguir horas (días? años?) recordando las múltiples violaciones éticas (y tantas veces, legales) de cada sector; sacando cuentas y llegando cada uno a la conclusión de que las del “otro” fueron más, muchas más… Lo cierto es que en nuestro país seguimos dando vueltas en círculo y cambiando de postura según convenga a la situación de que se trata.
• Es indudable que la sociedad repudia profundamente los regímenes de privilegio, como lo son -y no sólo en materia jubilatoria- los de los jueces y diplomáticos, sobre todo en un momento de gravísima crisis donde la sustentabilidad del sistema previsional se discute en todo el mundo y el notorio incremento de la longevidad impone barajar y dar de nuevo en esta materia y en tantas otras.

También hay un reclamo generalizado para terminar con el privilegio inadmisible de no pagar impuesto a las ganancias que no sólo poseen los jueces sino -lo que es mucho más injustificable y absurdo aún- también los empleados judiciales.

Nada de eso estuvo en el centro de la discusión estos días. Los jueces y los empleados de la Justicia seguirán siendo privilegiados, tanto en sus jubilaciones como en su exención del impuesto a las ganancias

Los regímenes de privilegio quizás lo sean un poco menos o quizás no porque, en definitiva, quienes determinarán si la reforma es constitucional serán… los mismos jueces o, en todo caso, abogados designados por ellos como conjueces (es decir, quienes intervienen cuando los jueces se excusan) y, necesariamente, sujetos a la presión de tener luego que seguir ejerciendo la profesión ante los jueces.

Tampoco se tomarán medidas en serio respecto de los inmensos gastos de la política, de la veintena (en el mejor de los casos y como mínimo) de asesores de cada legislador o, de los miles de cargos que a lo largo y a lo ancho del país, a nivel nacional, provincial y municipal perciben remuneraciones por tareas que la sociedad desconoce, que no tienen controles horarios ni rendiciones de cuentas.

En ese contexto vale la pena preguntarnos si tenía sentido discutir el “caso Scioli”. Es como dedicarle tantas horas y portadas de medios al coronavirus cuando se siguen muriendo chicos por sarampión y dengue o por cosas tan elementales y sencillas de resolver como la falta de agua potable.

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