En los últimos años ha quedado planteado un fuerte reclamo social contra la corrupción y por un cambio sustancial en la gestión pública.
Se reclama de los gobiernos que actúen con transparencia y rindan cuentas de lo que hacen.
Se reclama que quienes cometieron delitos desde la función pública sean juzgados, condenados y que devuelvan lo robado e indemnicen a la sociedad por los daños causados.
Se reclama terminar con la corrupción sistémica, con mecanismos instalados hace (demasiados) años en las contrataciones del Estado y en su gestión operativa.
Se reclama un acceso al empleo público sobre las bases de igualdad de oportunidades y la idoneidad, como lo dice con claridad el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Nada de eso es compatible con un Poder Judicial -nos referimos en especial a la Justicia Federal en lo Penal- sumida en escándalos y carente, por sus propios méritos, de la mínima confianza de la sociedad.
Hablamos de Tribunales sospechados, con justos motivos y en base a estadísticas concretas, de prolongar indefinidamente los procesos de mayor importancia a punto tal que las causas de corrupción llevan un tiempo promedio de más de 14 (!!!) años
Tampoco puede avanzarse seriamente hacia un Poder Judicial independiente, transparente y eficaz si no se desarma, de una vez y para siempre, la estructura de “operadores” que actúan en las sombras vinculando a jueces y factores de poder y operando intereses personales o sectoriales.
El editorial del diario La Nación de ayer, 11/2/2018, es algo más que un botón de muestra de un sistema corrupto y nefasto.
Uno de los principales periódicos del país describe con lujo de detalles la nefasta actuación de jueces -y allegados, y operadores- a cargo, nada menos que, de juzgar los crímenes cometidos por los principales funcionarios del Estado.
Los Tribunales Federales en lo Penal (la ciénaga de Comodoro Py, dice la nota, refiriéndose a la calle en que se ubican, convertida en símbolo de su triste degradación) acumulan graves denuncias y un desprestigio de dimensiones grotescas.
Decenas de trabajos fundados -y jamás respondidos por los protagonistas- abundan en datos sobre gruesas violaciones de las normas aplicables, conductas corruptas, procedimientos violentados o conflictos de intereses notorios.
Por solo dar un ejemplo, “El libro negro de la Justicia” de Tato Young es suficiente para abrir varias decenas de investigaciones capaces de empezar a drenar la “ciénaga” de Comodoro Py
Es preciso llevar adelante todos los procedimientos necesarios para esclarecer cada denuncia, someter a juicio político a los involucrados y sanear nuestros tribunales con pleno arreglo a derecho.
No obstante y ante semejante panorama es natural preguntarse de dónde surge el poder de ese puñado de jueces federales tan cuestionados.
Como muchos otros Young destaca justamente su escaso número como factor decisivo: son apenas doce los magistrados de primera instancia, nada más que doce los que llevan los procesos judiciales más trascendentes “donde la verdad siempre es manipulable y la historia un artilugio”.
En paralelo, uno de los argumentos habituales de la Justicia Federal es que sus Juzgados están sobrecargados por la cantidad de causas que tramitan.
Así pues, una solución veloz y práctica debería ser la urgente creación de nuevos Juzgados Federales en lo Penal para generar el doble efecto de disminuir la cantidad de procesos que cada uno sustancia y diluir el efecto de concentración que genera consecuencias sumamente negativas
Muchas veces se ha dicho y escrito que vivimos en una sociedad ignora -e incluso desprecia- la Ley.
El cumplimiento de las normas en el marco de un Estado de Derecho Democrático es un punto de partida indispensable para construir una sociedad capaz de convivir en paz, de garantizar los derechos de sus habitantes y, a partir de ello, aspirar a una vida mejor.
Para eso necesitamos Tribunales -vale recalcarlo, especialmente en el ámbito Federal Penal- capaces de actuar con independencia, rapidez y eficacia para contribuir a enfrentar y derrotar a la corrupción.
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