El próximo 9 de diciembre se cumplirán 30 años de una fecha de enorme relevancia para la democracia argentina. Tres décadas atrás, en esa fecha, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó la sentencia que condenó por delitos de lesa humanidad a los integrantes de las juntas militares de la dictadura, que se apropió del poder en la Argentina entre 1976 y 1983.
Sin exagerar, podemos decir que se trata de un acontecimiento que marcó un hito en la vigencia de los derechos humanos a nivel global
La comunidad internacional ha definido como “delitos de lesa humanidad” a aquellos cuya gravedad es tal que se los considera imprescriptibles, lo que implica que pueden ser perseguidos sin más límite que la vida del criminal que los cometió. Pese a ello y a la cantidad de crímenes horrendos encuadrables en ese concepto a lo largo de la historia, son escasos los antecedentes de juicios de esta índole. Mucho menos aún los de procesos seguidos contra quienes se adueñaron a sangre y fuego de países, violando sus normas y los derechos de sus habitantes.
La Argentina constituye una valiosa y destacable excepción y, a partir de aquel proceso a las Juntas –realizado en el contexto por demás difícil de los primeros años de retorno a la democracia-, el proceso de reparación y justicia continuó hasta convertirse en una verdadera política de estado, asumida y defendida como tal por la sociedad.
Más allá del merecido reconocimiento a quienes lucharon en forma incansable para lograr tan elevado objetivo y a quienes lo impulsaron, hoy podemos celebrar un consenso fundamental y amplísimo que hace de la cuestión una política de estado, con independencia de quien gobierne.
Ese consenso acaba de quedar nuevamente demostrado en el repudio masivo hacia un lamentable editorial del diario La Nación donde se planteara el “vergonzoso padecimiento de condenados” por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y los “actos de persecución” contra ex magistrados acusados por crímenes similares. Los procedimientos judiciales, seguidos con claro apego a las normas vigentes y pleno respeto por el derecho de defensa, fueron allí calificados como “venganza” que debía quedar “sepultada para siempre”.
La reacción del conjunto de la sociedad fue veloz y ejemplar:
Los propios periodistas del diario la encabezaron, manifestándose en contra del contenido del editorial mediante una declaración pública y enarbolando carteles que reivindicaban la consigna que nos une ante el horror: NUNCA MÁS
Quizás el dato más significativo haya sido que sólo se escucharon voces de repudio. Nadie asumió la defensa de semejante “exabrupto”, contrario no sólo al sentimiento generalizado sino –y eso hay que destacarlo- al cumplimiento estricto de la Ley.
Porque la memoria es indispensable, fechas como la del 9 de diciembre de 1985 deben estar siempre presentes. Vaya desde aquí el homenaje a sus protagonistas y la celebración de la Justicia como valor esencial y fundante.
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