Los escándalos de corrupción que en estos días ocupan las primeras planas de los medios nos indignan y asquean profundamente.
La apropiación de recursos públicos por personas vinculadas estrechamente al poder político y económico es uno de los grandes males de la sociedad en la que vivimos y cada nuevo dato o imagen que conocemos incrementa la repulsión, nos hace sentir la necesidad de poner coto a tanto delito organizado, a tanto abuso que victimiza al conjunto pero, mucho más, a los millones de personas que no alcanzan a gozar de los derechos que –en teoría- les garantiza el Estado de Derecho democrático.
Como nunca antes se extiende la idea de una corrupción sistémica que excede lo anecdótico de los escándalos y nada tiene que ver con las posturas partidarias invocadas por sus autores
Un par de ejemplos ayudan a desarrollar la idea:
* En la Argentina, el artículo 32 de la Ley 11.683 (de Procedimiento Fiscal) permite al Administrador General de la AFIP otorgar facilidades especiales –es decir, plazos mucho mayores a los habituales y tasas de interés mucho menores- para casos extraordinarios de contribuyentes que, por su delicada situación económica y financiera, no pueden cumplir sus obligaciones con el Fisco.
Ese artículo se utilizó en los últimos cinco años del gobierno anterior nada menos que 1.530 veces por un total aproximado a los 30.000 millones de pesos. En el caso particularmente escandaloso de un grupo económico directamente relacionado con ese gobierno, además de habérsele otorgado los beneficios especiales por 8.000 millones (cifra que impacta respecto del total) se le permitió “refinanciar” deuda proveniente de un delito grave, el de haberse apropiado de retenciones del impuesto a los combustibles cobrado en sus estaciones de servicio por cuenta del Estado y no rendido al mismo. Ese delito (artículo 6º de la Ley Penal Tributaria) fue ignorado y el sentido de la norma forzado para otorgar tales planes.
Desde ya las responsabilidades de los empresarios y funcionarios involucrados deben esclarecerse y sancionarse con urgencia y arreglo a derecho.
* En Brasil se vive una situación de extrema complejidad institucional a raíz de causas judiciales que han puesto sobre el tapete –además de casos individuales y grupales de corrupción- un sistema de financiamiento de la política basado en la complicidad de la dirigencia –sin demasiada discriminación de partidos ni ideologías- con los grandes empresarios de la obra pública para apropiarse de fondos públicos por la vía de brutales sobreprecios y licitaciones amañadas entre los participantes.
Las denuncias y los escándalos sólo sirven si generan cambios institucionales y culturales serios
De lo contrario poco tardan en olvidarse y, a lo sumo, eventualmente se logran algunas condenas que dan a la sociedad la temporaria satisfacción de sentir que la impunidad no es absoluta.
El célebre mani pulite italiano, por ejemplo, demostró la podredumbre del sistema político –siempre asociada al poder económico- de ese país y obtuvo algunos resultados importantes; sin embargo en esencia nada cambió, los mecanismos corruptos se mantuvieron y personajes como Berlusconi los continuaron o perfeccionaron.
En el trasfondo de las denuncias subyacen los principales males que interactúan con la corrupción: la evasión fiscal –por lejos el de mayor volumen económico a nivel mundial y local-, el narcotráfico y la criminalidad organizada son los más destacados. El circuito financiero de todos ellos opera a la luz del día como una suerte de universo extraterritorial paralelo en los paraísos fiscales y a través de miles de sociedades off shore que ocultan a los verdaderos dueños. Basta recordar que un tercio de los dineros del mundo se aloja en esos oscuros ámbitos, entre ellos alrededor de 400.000 millones de dólares de ciudadanos argentinos, para comprender la magnitud de la problemática y la rapidez con que se solucionarían los grandes temas económicos y sociales si se lograse suprimirlos.
¿Hay entonces soluciones a nuestro alcance o debemos resignarnos a digerir denuncia tras denuncia y escándalo tras escándalo?
Sin duda cada caso debe ser investigado, juzgado y los responsables condenados, no sólo a las penas correspondientes sino a devolver lo robado. Pero ese loable objetivo –por demás difícil de cumplir- no basta. Precisamos con urgencia medidas concretas, efectivas, que convoquen a la participación de la sociedad y a desarmar las complicidades mafiosas.
Volvemos por eso a las tres que siguen convocando adhesiones –más de 37.500 firmas- en el petitorio que impulsamos en change.org
– Ley de acceso a la información pública, para garantizar el libre acceso y la rendición de cuentas por cada funcionario de todo lo actuado en la gestión de cada uno de los poderes del Estado.
– Ley del arrepentido, la figura que permitió avances reales en la investigación judicial de los casos de corrupción y crimen organizado más complejos.
– Limitación y control estricto de los fondos reservados, cuyo uso sólo se justifica en situaciones excepcionales y para fines concretos y han sido utilizados para cometer varios de los más graves delitos en las últimas décadas.
Apoyarlas no sólo es sentir que hacemos algo real y positivo, es hacerlo.
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