La desaparición de Santiago Maldonado es un hecho grave que, por fortuna, preocupa y mucho a la sociedad argentina. Transcurrido un mes los poderes del Estado no han logrado ubicar su paradero ni dar respuesta de lo ocurrido.
Una fuerza de seguridad del Estado está sospechada de haber sido responsable de esa desaparición. No se conoce la existencia de pruebas fehacientes en el expediente judicial de la investigación. Personas vinculadas a Santiago –que, en apariencia, no han declarado aún en la causa- afirman que estaba presente en el momento en que la Gendarmería desalojaba violentamente una ruta cortada por un grupo de personas que efectuaba un reclamo y a quienes él acompañaba. No hay en la causa aún pruebas que lo confirmen ni lo desmientan.
Estas circunstancias no han sido, hasta ahora, ratificadas por la Justicia. Al igual que en numerosas situaciones anteriores, la incertidumbre sobre lo ocurrido genera ansiedad, temor, bronca, frustración profunda.
Los argentinos tenemos una larga historia de casos no esclarecidos. Los atentados a la Embajada de Israel y la Amia, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, el secuestro y desaparición de Julio López, la muerte de Nisman –por sólo nombrar algunos emblemáticos- son hechos terribles sobre los que poco sabemos
Bajo cada uno de los gobiernos elegidos desde 1983 hasta aquí hubo una alarmante cantidad de casos graves (algunos esclarecidos, muchos otros no) vinculados de un modo u otro con organismos o fuerzas de seguridad del Estado.
Los tristemente llamados de “gatillo fácil”, por ejemplo, son miles y casi siempre afectan a víctimas de origen humilde, de los sectores más excluidos e indefensos, los que fueron y siguen siendo la mayor evidencia de las más trascendentes responsabilidades incumplidas por el Estado.
Otras responsabilidades estatales que no se cumplen aniquilan vidas, niegan derechos esenciales y condenan a generaciones. Tragedias como Cromañon y Once son íconos de los efectos del desinterés por las más elementales obligaciones de los funcionarios públicos y de una corrupción sistémica que corroe todas las instituciones.
El ser humano no convive bien con la incertidumbre. Si la investigación oficial, responsabilidad de los poderes públicos, no resuelve hechos de semejante magnitud y repercusión pública, cada uno saca sus conclusiones. Ellas son y serán inevitablemente endebles, sin fundamento sólido y se alinearán con el pensamiento previo, las emociones y las ideas de quien las saca
Hablar de una desaparición forzada en la Argentina trae, otra vez, inevitablemente, la memoria de la dictadura genocida que logramos erradicar hace 34 años con el regreso a la democracia. Es lógico que así sea y es bueno que la Memoria nos acompañe siempre. Pero también es preciso que el horror de los años de plomo no se banalice.
La dictadura desarrolló un plan criminal dentro del cual se incluyó como metodología la desaparición de miles de personas. Esto no es opinable, es un hecho establecido por sentencia firme tras un juicio transparente y legítimo, valorado y elogiado como un logro extraordinario en todo el mundo.
Comparar con semejantes delitos de lesa humanidad un caso puntual de desaparición de una persona –en el cual, vale reiterarlo, no existe todavía certeza alguna de su causa, de la intervención de personal de fuerzas de seguridad y, mucho menos, de que la desaparición haya sido ordenada por funcionario alguno- carece de todo sentido.
Reclamar la aparición con vida y el esclarecimiento del hecho, lo que obviamente incluye establecer la responsabilidad de todos y cada uno de los que estuvieron involucrados en él, es, en cambio, indispensable.
Vivimos en una sociedad compleja, dolorida y dividida. Pensar con racionalidad, intentar una mirada objetiva, escuchar opiniones diferentes que nos enriquezcan es muy difícil. También es inherente a la naturaleza humana encontrar rápidamente culpables, definir el “bien” y el “mal”, negarse a los matices y ver la vida “en blanco y negro” sin percibir que casi todo son grises.
Hace pocas semanas fuimos capaces de reaccionar ante la posibilidad de que varios de los genocidas vieran disminuidas absurdamente sus condenas y no cumplieran íntegramente las justas penas que les impuso la Justicia.
Ante el caso del “2×1”, la Argentina ratificó que los derechos humanos son una Política de Estado, uno de esos valores profundos que construyen sociedades, algo cuya ausencia es parte esencial de nuestra problemática como país
El caso de Santiago Maldonado parece, en cambio, llevarnos al terreno opuesto, al de la confrontación, al del uso político partidario, al del olvido de la historia –incluso la reciente-, a dejar de lado el objetivo principal: el de colocar los derechos humanos como una bandera innegociable de todos que nadie, bajo ningún concepto, puede atribuirse portar como propia de un sector.
Estas reflexiones llevan algo más de 700 palabras hasta aquí y, claro, no alcanzan más que para enunciar algunas ideas sobre un problema complejo. ¿Para qué detenerse a leerlas si un tweet alcanza para expresar amor u odio (el segundo posiblemente más tentador) en no más de 140 caracteres?
El riesgo de que la “grieta” nos atrape, nos absorba, nos impida dialogar, reconocer y respetar nuestras individualidades y derechos, es grande. Ya ni siquiera sirve hablar de su origen, de sus –muchos- responsables y de quienes la fogonean en su beneficio.
Las sociedades tan divididas, lejos de construir Políticas de Estado, pueden perder las pocas que consiguieron alcanzar. Son presa fácil de la violencia, de los “iluminados” y de quienes tengan el suficiente poder para, finalmente, atacar el Estado Democrático de Derecho con el viejo y canallesco pretexto del caos
Si llegaste a leer este renglón, el objetivo de la columna estará cumplido porque seguramente estarás pensando.
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