En la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado existe una herramienta fundamental para lograr avances en esta pelea despareja: la protección de testigos, denunciantes y arrepentidos.
El poder de las organizaciones criminales que cometen esos gravísimos delitos es enorme y sólo se las puede investigar con la ayuda indispensable de quienes se animan a denunciarlas y a aportar pruebas, incluidos sus testimonios
Sin ellos, es casi imposible desarmar las complicidades mafiosas, penetrar la oscuridad de esas bandas que operan en las sombras y manejan multimillonarios recursos con total impunidad.
En el mundo moderno la delincuencia organizada es un problema sistémico. Los vínculos de la corrupción y el narcotráfico con el poder político y económico son por demás conocidos y cada vez más intensos.
Sin duda ello también complica, en gran medida, la independencia y eficacia de la Justicia. Proteger a los denunciantes, testigos y arrepentidos es una obligación de cada Estado. Así lo establecen los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere.
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En realidad no basta con dar protección a quienes arriesgan sus vidas y bienes para colaborar con la Justicia. Se deben estimular todos los mecanismos para que los hechos de corrupción, tanto públicos como privados, y los grandes delitos sean denunciados, expuestos e investigados.
En nuestro país existe un Programa de Protección de Testigos que ha funcionado razonablemente e incluso se formó un grupo especial -“Los lobos”- con muy buena capacitación para garantizar la seguridad de los protegidos.
Ese Programa depende del Poder Ejecutivo lo cual, como es obvio, es un serio problema que debe ser resuelto con urgencia. Los que denuncian delitos tan graves deben tener certeza de que serán muy bien cuidados.
Muchos de los delitos denunciados se atribuyen a funcionarios o ex funcionarios de alto rango. ¿Qué garantía pueden tener los denunciantes si quien tiene que protegerlos forma parte del mismo gobierno al que pertenece o perteneció el denunciado?
Por eso numerosas organizaciones de la sociedad civil y legisladores vienen solicitando que el Programa se traslade al ámbito de la Justicia o del Ministerio Público Fiscal. En el mismo sentido, una petición planteada en Change.org reunió alrededor de cien mil firmas reclamando ese urgente traspaso a la esfera judicial (podés firmar la petición aquí).
El actual gobierno anunció hace pocos días su intención de hacer efectivo ese traslado del Programa a la Justicia. Sin embargo, en el día de hoy parece haber desistido de su intención con el argumento de que el Poder Judicial lo rechazaría.
En medio de esas controversias de quienes tienen la obligación de asegurar la tutela de denunciantes, testigos y arrepentidos se vuelven víctimas y expresan por los medios que pueden su angustia y temor por no saber si se les dará la protección que la Ley y los Tratados Internacionales les prometen.
Como en tantas otras materias vitales, la Argentina carece de una Política de Estado que asegure y encauce la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El gobierno saliente y el entrante tienen la oportunidad de demostrar que es posible empezar a construirla.
Alejandro Drucaroff Aguiar es abogado, especialista en ética pública. Escribe columnas en Derecho & Revés, en Buena Vibra y en otro medios.
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