La incertidumbre y el dolor por la suerte de la tripulación del submarino ARA San Juan nos angustian. La búsqueda sigue sin dar resultados pese a la importante ayuda internacional; los días se suceden y, más allá del lógico pesimismo que genera la situación, nadie quiere resignar un hilo de esperanza.
En paralelo, salen a la luz fuertes indicios de graves irregularidades, presuntos actos de corrupción que podrían tener relación directa con lo sucedido. Se denuncia que en la reparación de media vida del submarino y el recambio de sus baterías, se habrían incumplido las normas aplicables, que la compra de suministros se direccionó para beneficiar a determinados proveedores y que se compraron insumos con garantías vencidas.
La investigación del Ministerio de Defensa –dada a conocer por Hugo Alconada Mon en La Nación- considera que “la información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas”.
Hay quienes afirman que no es momento para hablar de estas cuestiones porque los esfuerzos deben concentrarse en la búsqueda del submarino y su tripulación.
Es clara la prioridad de encontrar el submarino, pero nada impide que, en paralelo, el dolor nos impulse a encarar, de una vez por todas, los problemas profundos que como sociedad tenemos
Uno de ellos es la falta de Políticas de Estado, así planteadas, con mayúscula, para que logremos definir grandes objetivos que no dependan del próximo resultado electoral, que se lleven adelante con coherencia y de forma sostenida, gobierne quien gobierne.
Se pueden –y deben- lograr consensos básicos en los grandes temas como funcionamiento institucional, justicia, educación, salud, seguridad, trabajo o infraestructura. Necesitamos tener una política clara respecto de las fuerzas armadas que, sin olvidar la historia, establezca necesidades y prioridades para hoy, siempre mirando al futuro.
Otro de los grandes, enormes, problemas de la Argentina es la evidente insuficiencia e ineficiencia –dos conceptos tristemente complementarios pero diferentes- del control de la gestión gubernamental
Esto ocurre hace décadas pero el profundo deterioro que han sufrido los organismos a cargo de ese control (Sindicatura General de la Nación, Auditoria, Oficina Anticorrupción, entre otros) se ha ido acentuando progresivamente.
En paralelo, los sucesivos gobiernos no sólo contribuyeron decisivamente a deteriorarlos o, directamente, ocuparlos o cooptarlos, sino que los ignoraron –cuando no combatieron- cada vez que se hicieron denuncias serias y fundadas. Tal el caso de la valiosa gestión de Leandro Despouy en la Auditoría General de la Nación, que dejó al descubierto gruesos incumplimientos y actos de corrupción como, por ejemplo, los que concluyeron en la tragedia de Once.
Ambos graves problemas, la ausencia de políticas de estado y de control, se vuelven a manifestar con penosa claridad en la situación actual que todos ansiamos no se confirme como una nueva y terrible, tragedia.
La indignación y el dolor del ahora pueden ser el punto de partida para ese cambio cultural y sistémico que necesitamos. El cambio que nos ponga en la senda de ser un país que decida consensuar al menos algunas políticas esenciales y asegurar un control de la gestión transparente y eficaz para que cada funcionario asuma su obligación más elemental: la de rendir cuentas cada uno de sus actos como representante coyuntural de la sociedad a cuyos intereses se debe.
Sólo así podremos aspirar a no vivir dramas como el que en estos días nos conmueve.