Sabemos que la corrupción no es un fenómeno individual ni aislado y podríamos agregar que tampoco es novedoso. Tanto en la Argentina como en el mundo entero se trata de un mal social, profundamente arraigado y vinculado sobre todo al ejercicio del poder que se potencia de una forma desmedida cuando no funcionan los controles institucionales adecuados.
Hace tiempo sostenemos que la corrupción no tiene ideología, no es “de izquierda” ni “de derecha”. Causa un enorme daño a la sociedad por los cuantiosos fondos robados al Estado que le impiden cumplir sus obligaciones, sobre todo para con quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo destruye la esencia de la cultura democrática, la del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, la igualdad ante la ley, valores todos que se convierten en palabras vacías y hacen dudar sobre la legitimidad del sistema o, al menos, sobre la posibilidad de hacerlo funcionar cumpliendo sus normas.
En la actualidad la corrupción ha penetrado profundamente en el sistema y se basa en complejos mecanismos mafiosos
Funcionarios públicos y empresarios privados “trabajan” codo a codo para apropiarse del dinero del Estado. La cartelización de la obra pública es un ejemplo emblemático que hoy reluce a causa de los sucesivos y obscenos escándalos por todos conocidos, acá y en muchos otros lugares. Por cierto –y por desgracia- hay muchos otros.
Para desarticular esos siniestros mecanismos es indispensable contar con la figura del arrepentido
En efecto, esa figura legal da la posibilidad de disminuir la pena a quienes se arrepientan y lograr así desarticular la complicidad mafiosa, llegar a su cúpula y a los máximos responsables.
En paralelo, es preciso avanzar seria y rápidamente en el recupero de los activos que se apropiaron los corruptos, no sólo por su importancia económica sino por el indudable efecto preventivo que de ello resultaría.
El trámite parlamentario para sancionar la ley del arrepentido se ha visto postergado en las últimas semanas por razones de política partidaria, según dieron cuenta varios medios. Parece evidente que contribuye a esa demora la falta de real voluntad en la dirigencia política para comprometerse a enfrentar con dureza y rapidez este flagelo.
Los recientes sucesos que han generado una indignación profunda en nuestra sociedad generan una oportunidad que no debe desperdiciarse.
Hace unos meses promovimos con un grupo de ciudadanos una petición que lleva casi 40.000 firmas pidiendo tres medidas fundamentales contra la corrupción. La ley de acceso a la información pública está cerca de ser una realidad. La del arrepentido es un paso indispensable que debemos seguir reclamando, afirmando unidos la necesidad de decirle basta a la impunidad.
Nuestra participación puede hacerlo. Hacé click aquí y suma tu firma para que el Congreso la sancione con urgencia.