La condena al ex presidente brasileño Lula Da Silva ha dado lugar a fuertes tensiones y a un intenso debate que excede los límites del país hermano y se extiende a la región y al mundo entero.
Desde una mirada jurídica y comprometida con la plena vigencia del Derecho se puede destacar, en primer lugar, la importancia del principio de igualdad ante la Ley, que obliga a todos los ciudadanos, sin excepción de ninguna naturaleza, a cumplir las normas legales y someterse a las decisiones de los Tribunales que juzgan sus conductas
Lula fue juzgado en el marco de un proceso de corrupción sistémica, profundamente arraigada en su país, y cuyos gigantescos alcances fueron desnudados, con amplitud de pruebas, en la gran investigación denominada Lava Jato
Un valiente grupo de funcionarios policiales y fiscales llevó adelante esa investigación de los núcleos corruptos más poderosos de Brasil y el Juez Sergio Moro se encargó de juzgar a personajes que nadie imaginaba podían ser juzgados como cualquier ciudadano “de a pie”.
El Lava Jato motivó más de cien condenas, casi todas ellas ratificadas por los Tribunales superiores -lo que avala plenamente su fundamento-. Suma miles de millones de dólares recuperados por el Estado y una extensa lista de condenados que incluye a algunos de los mayores empresarios de ese país y a altos dirigentes políticos de diferentes partidos. Son datos demoledores que no pueden ignorarse. Ese es el contexto del caso puntual de Lula, involucrado además en otras graves causas penales en trámite.
Facundo Manes: cómo funciona el cerebro de un corrupto
La gestión del ex presidente ha merecido gran reconocimiento, en Brasil y fuera de él, en especial por los resultados económicos y sociales materializados en la salida de la pobreza y la misera de varias decenas de millones de brasileños que durante sus mandatos. Sin embargo, los méritos de Lula en materia de gestión no justifican la comisión de delitos ni la complicidad con un sistema corrupto de financiamiento de la política.
Posiblemente muchos otros dirigentes políticos brasileños deban ser juzgados y condenados por crímenes similares o peores a los que motivaron la condena de Lula, pero eso tampoco invalida las sentencias dictadas en su contra
Además, como queda dicho, son numerosos los que ya lo han sido y se encuentran en prisión, entre ellos muy destacados ex funcionarios del gobierno del propio Lula.
El ex presidente era precandidato de su partido a las próximas elecciones y, según las encuestas, llevaba por el momento la delantera con un porcentaje de intención de voto superior al 35% (aunque, vale acotarlo, con un alto porcentaje de desaprobación en paralelo). Naturalmente, ese dato también carece de toda relevancia en lo que respecta a su juzgamiento y a su prisión.
Las críticas a las sentencias sólo deberían basarse en datos concretos de la causa. Sin duda, pocos la han leído y, por lo general, las opiniones se emiten en función de las simpatías o antipatías partidarias.
Las decisiones de los jueces son el único modo posible de resolver los procesos y no pueden depender del humor de la sociedad
Desde ya podrán atenderse -por las vías institucionales que corresponden- los cuestionamientos fundados que las partes formulen, pero nada justifica desconocerlas o descalificarlas.
El ejemplo de Brasil, un espejo pendiente
Los acontecimientos de los últimos días y la experiencia del Lava Jato dejan varias cuestiones para destacar.
Es muy valorable la rapidez con que se han desarrollado los procesos judiciales, sin que esa “velocidad” afecte en nada el respeto por las garantías que todo acusado merece.
Juicios complejos por corrupción han sido resueltos, con apelación incluída, en un par de años. Recordemos que el plazo promedio de causas similares en la Argentina es de 15 años…
La transparencia de los procedimientos es otro punto a resaltar. Baste señalar que la Corte Suprema brasileña sesionó en forma pública y televisada durante varias horas hasta resolver, dando cada Juez sus fundamentos de cara a la sociedad, la denegatoria del habeas corpus presentado por Lula. La mitad de esos jueces fue designada durante los gobiernos del mismo partido a cuyo líder se juzgaba.
Vale la pena considerar otras dos normas del país hermano. Las personas con doble condena en una causa penal no pueden ser candidatas electorales y, al mismo tiempo, la existencia de esa condena, confirmada por al menos dos instancias judiciales, las obliga a comenzar a cumplir la pena de prisión que les ha sido impuesta.
Es otra diferencia importante con el régimen jurídico argentino, donde sólo una condena firme veda la candidatura y hace que el condenado deba ir a prisión.
Esto puede ser motivo de una extensa discusión técnica y filosófica, pero no podemos dejar de compararla con el caso argentino, donde causas interminables quedan en poco y nada durante años o décadas, llevando a situaciones como la del ex presidente Menem, con dos dobles condenas en procesos gravísimos, por delitos cometidos desde la presidencia, sin que nada amenace su banca de senador.
En Argentina, las causas de corrupción siguen batiendo cada día penosos récords de duración
El Lava Jato sacó a la luz un sistema corrupto de enormes dimensiones, extendido mucho más allá del territorio brasileño. En otros países de la región, las investigaciones han generado la destitución de un presidente (en el Perú) y el juzgamiento de elevados cargos e importantes empresarios en diversos países. No sorprende -aunque sí indigna- que en la Argentina sigamos esperando una investigación profunda y seria de sus probadas ramificaciones.
Entretanto, es fundamental remarcar que el análisis de situaciones como la que hoy protagoniza el ex presidente Lula debe hacerse con una mirada más elevada que las simples preferencias partidarias e incluso prescindiendo de las consecuencias políticas que traiga aparejada una condena, ya confirmada por dos instancias judiciales.
La corrupción no tiene signo político: no es “de izquierda” ni “de derecha”. Son, lisa y llanamente, crímenes cometidos contra la sociedad que debemos erradicar, y que están mal siempre y en todos los casos
Es bueno, justo y necesario reclamar que la Ley se aplique a todos por igual. Es absurdo, en cambio pretender que una corrupción sistémica como la que nos afecta justifique las conductas de algunos sólo porque también son corruptos “los otros”, algo que la grieta local nos regala frecuentemente, privándonos del orden mínimo que distingue entre el bien y el mal y ordena una sociedad civilizada.