La Corte Suprema puso fin al debate planteado en torno a la aplicación del “2×1” a los condenados por delitos de lesa humanidad. En un fallo dividido, el más alto Tribunal argentino dispuso que ese beneficio –de dudosa constitucionalidad y muy cuestionado- no alcanza a los autores de crímenes horrendos que, como lo acuerda la inmensa mayoría de la sociedad, nunca más deben volver a cometerse.
Abordar la cuestión desde el punto de vista jurídico excede por completo el alcance de una columna de opinión. Hay argumentos de peso en los votos de mayoría y minoría, como los había habido en el caso “Muiña”, cuando la Corte resolvió –también por mayoría- que el beneficio era aplicable a tales delitos. A partir de aquella sentencia, en pocos días y casi por unanimidad, el Congreso sanciono una ley “interpretativa” del 2×1 en la cual se estableció que esa cláusula no los comprendía.
En cambio es importante detenerse en los argumentos del Presidente de la Corte quien, en soledad, sostuvo su voto anterior afirmando que no hay motivo jurídico válido para excluir del cómputo favorable a los autores de crímenes de lesa humanidad.
El Dr. Rosenkrantz ha expresado públicamente que su voto nada tiene que ver con sus ideas personales, sus compromisos ni sus simpatías. Basta una rápida mirada a su trayectoria para comprobar que el actual Presidente del Supremo Tribunal trabajó durante el primer Gobierno de la democracia recuperada apoyando el juicio a los criminales de lesa humanidad y es además uno de los principales discípulos de uno de los más destacados juristas argentinos, Carlos Nino, comprometido como pocos en la política de derechos humanos en tiempos donde sostenerla no era fácil ni estaba exento de consecuencias riesgosas para quienes lo hacían.
Rosenkrantz subraya algo esencial: no hay Justicia independiente, capaz de defender en serio los derechos de las personas y asegurar la vigencia de la Constitución y las leyes, si los Jueces no son a su vez independientes
En sus palabras, “la independencia judicial, exige ser independiente de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas. Necesitamos jueces independientes de sí mismos porque necesitamos jueces que apliquen el derecho de la comunidad y honren el modo en que la comunidad decidió democráticamente, en su Constitución y sus leyes, resolver sus problemas… no es, sin embargo,… fácil de lograr… Exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto. Muchos han sostenido que semejante despersonalizaciòn de los jueces no es posible. Yo creo que sí lo es.”
El mensaje es fuerte, consistente y a la vez, desafía nuestra capacidad de comprometernos en serio con el Estado de Derecho Democrático, sin renunciar a las ideas de cada uno pero comprendiendo que sólo pueden llevarse adelante en ese marco constitucional y legal que, al cabo, es el único que nos garantiza expresarlas.
Dice el Presidente de la Corte, con palabras tan sencillas como profundas, que su voto le requirió diferenciar entre sus compromisos y simpatías políticas, por fuertes que fuesen, y su rol de Juez y la decisión, se basó en que su compromiso prioritario debe ser con la Constitución y las leyes.
Y agrega con énfasis:
ni siquiera el “Nunca más”, a pesar de su indudable importancia fundante en la historia argentina, “puede ser puesto en práctica de cualquier modo ni a cualquier costo porque no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de nuestra Constitución y nuestras leyes”
Para un país que, en palabras del Maestro a quien Rosenkrantz invoca, vive al margen de la Ley, el mensaje del Presidente de la Corte puede ser un punto de partida, para la independencia de la Justicia y para comenzar a poner en práctica aquella frase con la cual terminaba sus funciones la Convención que creó nuestra Constitución Nacional:
Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos.