El Juez Griesa dictó ayer una nueva sentencia contra nuestro país. Extendió así los efectos de su anterior decisión, favorable a los fondos buitres, a otros tenedores de bonos argentinos que –a diferencia del 93% que sí lo hizo- tampoco habían aceptado las renegociaciones ofrecidas por la Argentina a sus acreedores.
El total incluido en los fallos es ahora del orden de los 8.000 millones de dólares, una cifra ciertamente importante que, además, puede incrementarse de forma significativa si se presentan otros acreedores que integran el 7% y aún no lo hicieron.
Como es sabido, lo más grave no es la declaración del derecho de quienes no aceptaron la forma y condiciones de pago propuestas en las renegociaciones de la deuda y luego cumplidas cabalmente por la Argentina. Hasta ahí la decisión de Griesa –aunque pueda considerarse errada por múltiples razones jurídicas que sería imposible desarrollar aquí- era esperable y, en cierto modo, acorde con la lógica formalista y privatista propia del sistema anglosajón. Lo grave fueron los efectos de la absurda –e insostenible- interpretación que la justicia de EEUU hizo de la cláusula “pari passu”. Recordemos rápidamente la cuestión:
* La cláusula mencionada figura en las emisiones de los bonos declarados en default en 2001 y obliga al país a tratar a todos sus acreedores por igual. La Argentina así lo hizo al ofrecer a todos las mismas condiciones de renegociación que fueron, vale repetirlo, aceptadas por el 93% de los bonistas.
* Como todavía no existe un esquema legal que permita extender la decisión de una mayoría tan amplia al conjunto de los acreedores, algunos de los tenedores de bonos (los llamados fondos buitres, que compraron esos bonos a precio vil y cuando ya estaban en default al solo efecto de especular con un reclamo judicial) iniciaron juicio contra la Argentina. En ese juicio plantearon que el país debía pagarles a ellos la totalidad del valor de los bonos más intereses como requisito para poder seguirle pagando al 93% las cuotas de los acuerdos de refinanciación.
* Griesa aceptó ese planteo invocando el “pari passu”. En otras palabras, para el Juez –y para la Corte de Apelaciones de Nueva York que lo convalidó- el trato “igualitario” consiste en que a quienes no aceptaron renegociar se les pague el total de su crédito original más intereses (sin las fuertes quitas y plazos pactados en las renegociaciones) y que eso sea un requisito para poder seguirle pagando a los demás –recordémoslo una vez más, la inmensa mayoría- las cuotas convenidas en las refinanciaciones.
* El absurdo no se detuvo allí porque el mismo Juez decidió que su sentencia alcanzaba incluso a los bonistas europeos que ni siquiera estaban sometidos a su jurisdicción en los contratos originales. Ya se conocen pronunciamientos de tribunales europeos que descalifican tan incomprensible resolución y el conflicto entre ellos y la justicia estadounidense sigue sin resolverse.
* Entretanto –en buena medida como consecuencia del fuerte impulso de nuestro país al tema en la esfera internacional- se aprobaron en Naciones Unidas principios básicos para las renegociaciones de deuda soberana que, de haber estado vigentes, habrían resuelto el problema. Allí, como es de estricta lógica económica y de evidente justicia, se establece que la voluntad de una mayoría calificada de dos tercios se impone a todos los acreedores en una misma situación.
La Argentina ha ofrecido repetidamente –y sigue ofreciendo- al 7% que no ingresó a los canjes de bonos, pagarle en idénticas condiciones que a quienes sí lo hicieron. Más aún, en el último año el dinero correspondiente a esos pagos se deposita a disposición de esos acreedores, incluidos los fondos buitres.
La nueva decisión de Griesa –que sin duda será apelada- multiplica la magnitud de un problema que ni siquiera tiene monto definitivo por la posibilidad de que se sigan incorporando otros acreedores al juicio.
El bloqueo de los fallos a los pagos que el país debe hacer al 97% es el verdadero problema y frente a él se abre un panorama sumamente complejo que el nuevo gobierno argentino deberá enfrentar con sumo cuidado y un profundo sentido de defensa de los intereses nacionales.
Será preciso, claro, negociar con los acreedores pero en términos sustentables, acordes con la capacidad real de pago, con los compromisos asumidos con los aceptantes de los canjes y, sobre todo, con los derechos que nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan a cada uno de los argentinos.
Sería de sumo interés que los candidatos a Presidente que concurren a la segunda vuelta de las elecciones definan, con claridad y precisión, cuál será su actitud y de qué modo se comprometen a gestionar un problema de gran trascendencia para todos.
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