La ciudad de Pergamino fue noticia cuando una gran cantidad de vecinos de esa localidad bonaerense comenzaron a reclamar fuertemente por los serios problemas de salud que presentaban. Los asociaban directamente con la cercanía de sus viviendas a muchos campos en los que se efectuaban fumigaciones aéreas y terrestres sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.
Pero ahora, después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, determinó finalmente que las fumigaciones aéreas en Pergamino deberán estar claramente controladas.
El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En la resolución, según informa la agencia Télam, el magistrado ordenó fijar “un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas” de plaguicidas.
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El juez explicó que la medida comprende el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos.
Según amplia la agencia noticiosa, en el fallo se nombran los plaguicidas que no podrán aplicarse fuera del área establecida: “Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales RoundUp Full II, RoundUp Max II y RoundUp Ultramax”.
Medidas claras contra quien no cumpla
En la resolución judicial también se ordena “suspender provisionalmente las autorizaciones de aplicaciones para futuras fumigaciones y/o pulverizaciones en la totalidad de la ciudad de Pergamino” en la medida en que no respeten los límites establecidos.
Villafuerte Ruzo también requirió al intendente de Pergamino, Javier Martínez (Cambiemos), que informe respecto de la “totalidad de los pueblos de campaña de ese distrito, la cantidad de habitantes y establecimientos rurales educativos asentados el partido, “a los efectos de fijar los párametros de distancia que resulten más adecuados” para las fumigaciones.
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La causa judicial fue impulsada por dos querellantes, Florencia Morales y Sabrina del Valle Ortíz, quienes solicitaron que se ampliara una medida precautoria ordenada por el juez a fin de evitar el riesgo de daño a los habitantes de la ciudad de Pergamino,”sobre todo a los niños, a toda la región, pueblos de campaña y escuelas rurales”.
Para llegar a esta conclusión se destacan las investigaciones de Delia Aiassa, Doctora en Ciencias Biológicas, sobre la exposición a los agroquímicos en poblaciones de corta edad, donde se recomienda una zona de 1.095 metros como distancia entre la presencia de agrotóxicos y la población. De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
Los daños ya causados
Los querellantes piden tener en cuenta que “cuatro habitantes del barrio Villa Alicia, padecen daño genético causado por la exposición a sustancias agrotóxicas”.
En su dictamen, el juez expresó que “a la hora del análisis de las constancias que se han incorporado a estos autos se desprende que por las especiales particularidades que aquí se plantean, frente a lafalta de certeza científica respecto a la inocuidad de los productos vertidos para la población de Pergamino, justifica la ampliación de la medida ya dispuesta y en las distancias pretendidas”.
“No es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de niños y adultos de esa región”.
Según se cita en el fallo, se detectó “glifosato en sangre y orina de personas, con un incremento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico…un amplio cumulo de moléculas de plaguicidas en aguas y suelo” y que “el agua (de red y pozos) no resultaba apta para consumo humano”.
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