Un nuevo año acaba de comenzar. El deseo de una Justicia mejor, que tutele los derechos de todas las personas y canalice los conflictos en base a la Ley es algo que la sociedad comparte como una verdadera necesidad de nuestros difíciles tiempos.
Ciertamente la insólita noticia que motiva estas líneas no va en esa dirección; por el contrario genera una fuerte combinación de sorpresa e indignación que no podemos silenciar.
Resumamos rápidamente los hechos
Un hombre asesinó a su pareja, Adriana Marisel Zambrano, en julio de 2008. Fue juzgado y condenado por homicidio preterintencional (vale decir, se consideró que no había querido matarla, a pesar de que la víctima presentaba variedad de golpes y quemaduras de cigarrillo).
Aunque tenían una hija -de apenas 9 meses al momento del asesinato de su madre-, los jueces jujeños no consideraron agravante por el vínculo entre el criminal y su víctima
En suma, el criminal fue condenado a cinco años de prisión y a los dos años y medio se le otorgó la libertad condicional.
La familia de la víctima participó de campañas contra la violencia de género. En julio de este año, al cumplirse diez del homicidio de Adriana Marisel, se inauguró en Palpalá el primer “Banco Rojo” de la Provincia de Jujuy, símbolo del femicidio, con la leyenda “en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas o por el solo hecho de ser mujer”.
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En ese contexto el asesino se presentó a la Justicia y reclamó que a la madre y la hermana de su víctima se les impidiera invocar públicamente su nombre, aduciendo que sus dichos, reproducidos en publicaciones de medios, eran “ofensivos para su persona”.
Lo realmente insólito ocurrió luego.
La Jueza actuante en el caso hizo lugar al pedido del femicida y le prohibió a la familia que nombrase a quien -según los mismos tribunales- había asesinado a su hija
Situaciones de esta naturaleza expresan a qué punto sigue imperando en nuestra sociedad una cultura patriarcal que discrimina -muchas veces de un modo criminal- a la mitad del género humano, normalizando la violación de sus derechos como algo “natural”.
Los avances, por cierto muy importantes, logrados en los últimos años y, sobremanera, en 2018, no deben ser obstáculo para denunciar y combatir esas primitivas expresiones de machismo que ya, como corresponde, las normas vigentes catalogan como crímenes.
Recordemos que en la Argentina las mujeres no votaron hasta 1951, no pudieron disponer de sus bienes hasta 1968 y no ejercieron la patria potestad de sus hijos hasta 1985. La tipificación del femicidio como delito, un paso decisivo para enfrentar la violencia de género que sigue costando la vida de una mujer cada 30 horas, se logró recién en 2012.
El cambio cultural es lento y se complica mucho más en ámbitos cerrados, con resabios feudales, donde no sólo las nuevas ideas de justicia sino las propias leyes tardan en tener vigencia y pueden seguir siendo apenas promesas incumplidas
La Justicia debe cumplir al respecto un rol fundamental y en numerosas ocasiones, como la aquí mencionada, está demasiado lejos de hacerlo.
Ante la profusión de denuncias que empiezan a conocerse gracias a que las víctimas comienzan a perder el miedo y a reclamar sus derechos, es urgente e indispensable que sean los jueces quienes encaucen los reclamos, los esclarezcan y juzguen, con rapidez y eficacia.
Al mismo tiempo, tanto ellos como el poder político y la sociedad toda deben respetar y acompañar el dolor de las víctimas, esas para quienes la vida nunca volverá a ser la misma.