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La triste novela de Argentina y Pfizer: entre la incoherencia y la mala praxis

En pocas horas, el Gobierno modificó la norma que impedía acordar con el laboratorio que, habiendo realizado ensayos en Argentina, nos hubiera entregado millones de vacunas, ahorrándonos, seguramente, mucho dolor.

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Nuestro país pudo y debió tener vacunas Pfizer a fines de 2020. Le correspondían por haber aportado miles de voluntarios y una impecable organización de los ensayos previos a su aprobación.

Considerando tales circunstancias y la cantidad efectivamente recibida por otros países de la región, en estos largos y dolorosos meses, habríamos contado con varios millones de vacunas. Ellas habrían brindado inmunidad a otros tantos argentinos y evitado el porcentaje equivalente de internaciones y muertes para esos millones de vacunados

Además, habríamos podido recibir vacunas de Pfizer de las que está entregando actualmente EEUU y a través del fondo COVAX. Lo referente a este fondo de ayuda global merece un análisis aparte; es incomprensible -y necesita ser explicado-el grave error de haber renunciado a comprar vacunas de COVAX de las cuales sólo se encargaron nueve millones cuando podían pedirse hasta casi 5 veces esa cantidad.

Sin duda, haber contado con las vacunas de Pfizer no sólo habría salvado miles de vidas sino fortalecido la confianza de la sociedad, tan golpeada por la pandemia y la crisis económica y social

Además de ser la vacuna con mayor efectividad probada, la de Pfizer ya es aplicable a niños y adolescentes mayores de 12 años para quienes -en especial los que tienen enfermedades de riesgo- nuestro país no cuenta con ninguna otra vacuna. Decenas de miles de esos niños con comorbilidades se encuentran aislados hace más de un año por temor a un contagio que puede resultarles mortal.

Es sabido que las vacunas de Pfizer no vinieron porque el gobierno argentino no acordó con la farmacéutica los términos del contrato que aquella pedía, términos que más de 100 países del mundo (incluyendo casi todos los de la región) firmaron sin vueltas. Todos ello recibieron vacunas y, como ya dijimos, la Argentina habría recibido más y antes por su participación en los ensayos.

El Congreso argentino, con el voto del oficialismo y la oposición, sancionó una ley donde introdujo una cláusula que Pfizer rechazaba y no estaba en el proyecto remitido por el Ejecutivo. Hasta hace algunas horas, la mayoría oficialista se negó -en varias ocasiones- a dejarla sin efecto. Ese fue el motivo -al menos el formal- de la postergación del contrato por largos, interminables meses durante los cuales no pudimos recibir y aplicar millones de vacunas.

Ahora el Gobierno nacional modifica la Ley y elimina la cláusula que impedía concretar el contrato. Lo hace mediante un Decreto de necesidad y urgencia, alegando la necesidad de llegar a un acuerdo inmediato con Pfizer y contar con las vacunas.

La incoherencia es tan notable como la mala praxis previa. Ambas dejaron -sin razón- a millones de argentinos expuestos al Covid y a sus duros efectos. Por supuesto es deseable que la novela concluya lo más rápidamente y que podamos, al fin, disponer de estas vacunas que debimos haber recibido mucho tiempo atrás.

La pandemia ha implicado e implica desafíos impensados, nadie estaba preparado para ellos. Ensayar soluciones y equivocarse fue muchas veces lógico y casi forzoso. Pero eso no justifica errores gruesos, claramente evitables, como los cometidos en el caso de Pfizer. La responsabilidad de quienes así actuaron es evidente, las consecuencias también

Hacer política con la pandemia es lamentable, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Ambos deben hacer sus mejores esfuerzos para proteger la salud y las vidas de cada habitante de nuestro país, dejando de lado las miserias tan habituales en la pugna por el poder.

Esconder y silenciar los errores o subestimar sus daños colaterales -en este caso especialmente tristes e irreparables-, no es el camino a seguir. Aprender de ellos y asignar las responsabilidades que resulten pertinentes, es la mejor manera de reparar y prevenir que se repitan.

 

  • Por Alejandro Drucaroff Aguiar, abogado, especialista en ética pública. Escribe columnas en Derecho & Revés, en Buena Vibra y en otro medios.

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