Angeles caídos: que el caso de la niña tucumana no sea un escándalo más

El caso de la niña tucumana de 11 años, embarazada por haber sido violada y a quien se le negó el derecho a interrumpir el embarazo, exige una reflexión profunda de toda la sociedad.
niña tucumana

Hay situaciones que deberían marcar un antes y un después. Horrores ante los cuales la sociedad tiene la oportunidad de comprometerse a luchar para que no vuelvan a ocurrir. El caso de la niña de apenas 11 años de edad, a quien se le negó su derecho a interrumpir el embarazo tras haber sido violada por la pareja de su abuela de 65 años, no puede ser un escándalo más. Es momento de parar y de hacer todo, todo y más, para que algo así no ocurra nunca más.

Muchos evidenciaron su desprecio por esa desdichada criatura (repitámoslo, de 11 años de edad y violada):  las autoridades provinciales –que demoraron 35 días en atenderla como correspondía-, varios de los médicos y asistentes a quienes competía la obligación legal de atenderla; y hasta la máxima autoridad eclesiástica de la Provincia que no dudó en identificarla por su nombre con una irresponsabilidad incomprensible y gravemente dañosa.

Son conductas difíciles de comprender desde lo jurídico pero sobre todo desde lo humano

Las leyes se presumen conocidas por todos los ciudadanos, mucho más por quienes ejercen cargos públicos. En este caso, como en tantos otros, se las ha violado con notable descaro.

El Código Penal Argentino, que rige hace casi cien años, establece que las mujeres violadas tienen el derecho a interrumpir el embarazo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en el caso F.A.L., hace más de seis años, que ese derecho no debía judicializarse, es decir, que no hace falta decisión judicial y basta la decisión de la mujer violada.

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Más aún, la Corte en su citado fallo ordenó a la Nación y las Provincias que dictaran protocolos para atender esos casos en los hospitales públicos. Sólo 9 de las 25 provincias han cumplido ese mandato.

El debate sobre el derecho de cada mujer a decidir la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado no tiene absolutamente nada que ver con los casos de violación, contemplados expresamente en la Ley hace casi un siglo

No hay posibilidad de invocar objeción de conciencia cuando está en juego la salud de una niña, a quien la canallesca irresponsabilidad de los que debían cuidarla puso en gravísimo riesgo de muerte. No hay derecho alguno a tratar de impedir que la Ley vigente se aplique.

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La niña tucumana fue violada –como tan a menudo sucede- por alguien de su entorno familiar que debía protegerla. Luego sus derechos fueron reiteradamente violados por las instituciones responsables de tutelarla.

Se la sometió a una tortura inhumana durante más de un mes, se comprometió su vida y se le infringieron daños de todo tipo difícilmente reparables

Los responsables deben ser identificados, juzgados y sancionados. Deben además ser responsabilizados por los daños que causaron y ser condenados a resarcirlos económicamente. Sólo así podremos salir de la anomia que, tristemente, caracteriza en buena medida a nuestro país.

Este no debe ser otro escándalo que desaparezca de las portadas rápidamente, desplazado por el próximo. Podemos convertirlo en el punto de partida para un cambio cultural profundo basado en el cumplimiento de la Ley como pauta básica de conducta.

  • Alejandro Drucaroff Aguiar es abogado, especialista en ética pública. Escribe columnas en Derecho & Revés, en Buena Vibra y en otro medios.

 

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