Piden una Ley que proteja a quienes denuncian actos de corrupción: sumá tu firma

Más de 60.000 firmas se suman al pedido de un programa que asegure la protección de quienes denuncien o sean testigos de delitos de corrupción y dependa de la Justicia.

Una petición lanzada hace escasos días en Change.org ha reunido rápidamente varias decenas de miles de firmas. Pide a quienes se postulen como candidatos en las próximas elecciones presidenciales que se comprometan a sancionar una ley de protección de testigos y denunciantes de casos de corrupción.

La corrupción es uno de los mayores males de la sociedad moderna. A nivel global se pagan más de un billón de dólares al año en sobornos.

En los países menos desarrollados el problema es claramente más grave, no sólo porque los montos de lo robado son porcentualmente mucho mayores sino porque el problema es sistémico. Es lo que se denomina “Gran Corrupción”, un verdadero sistema que maneja grandes resortes de poder y termina apoderándose de buena parte del manejo del estado y de la economía.

Es sabido que la lucha contra la corrupción necesita de personas que la denuncien y de testigos que ayuden a demostrarla; sin ellos no hay modo de enfrentar seriamente este fenómeno nefasto que causa enormes daños a la sociedad

Ante una corrupción tan extendida y organizada, basada en mecanismos complejos de ocultamiento, no es posible desarmarlos sin romper las complicidades mafiosas. Sólo los que conocen de cerca el modo en que funcionan las bandas criminales tienen la posibilidad de aportar los datos necesarios.

Son delitos difíciles de probar porque quienes los cometen tienen recursos para ocultarlos y no ser descubiertos. Bien dicen los fundamentos de la petición mencionada que, por ejemplo, “nadie pide recibo cuando paga coimas”.

Naturalmente los denunciantes o testigos de los actos corruptos y de las bandas criminales que los cometen, quedan expuestos a amenazas y represalias. Su vida, las de sus seres queridos y sus bienes corren peligro

En nuestro país hay pocos estímulos concretos para la denuncia de tales gravísimos delitos. Existe un Programa Nacional de protección a testigos e imputados que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y es destacable la eficacia con que ha actuado respecto de quienes lograron acogerse a él, pero falta un sistema de protección que asegure asistencia jurídica, sicológica y económica a toda persona denunciante de ilícitos cometidos en perjuicio de los fondos públicos.

proteccion de testigos

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El régimen del arrepentido fue un paso adelante pero es manifiesta su insuficiencia. No permite por ejemplo eximir de pena a quien provee datos suficientes para condenar a los principales delincuentes, tal como ocurre en Brasil –y ha sido clave para el éxito del Lava Jato-, en Estados Unidos y en muchos otros países.

Necesitamos generar un sistema de protección que genere en quien conoce la existencia de estos crímenes una mínima tranquilidad, indispensable para convencerlo de que el Estado se hará cargo de su tutela y puede aportar lo que sabe para contribuir a que se haga justicia.

La petición plantea que el programa debe funcionar en el ámbito del Poder Judicial y no depender del Ministerio de Justicia. Eso garantizaría una protección que no dependa del gobierno de turno, algo fundamental para que las denuncias se hagan lo antes posible y sin quedar sometido el denunciante o testigo a quien circunstancialmente gobierna.

“Proteger a los testigos y denunciantes de corrupción es salvar vidas. Porque la corrupción mata. Las 51 víctimas fatales del accidente de tren en la estación Once y los 194 muertos en el incendio de Cromañón son dos pruebas irrefutables. Un denunciante protegido es un testigo a salvo. Y un testigo a salvo que llega a declarar en un juicio rompe la impunidad, aporta pruebas para condenar a los corruptos y elementos para recuperar los activos de las mafias. Porque cuando el Estado protege a un denunciante de corrupción nos protege a todos.”

Hacemos nuestro el último párrafo de la petición e invitamos a nuestros lectores a unirse a los 60.000 firmantes que ya lo hicieron.

Podés comprometerte en este link: Hacé click acá para firmar la petición

 

  • Alejandro Drucaroff Aguiar es abogado, especialista en ética pública. Escribe columnas en Derecho & Revés, en Buena Vibra y en otro medios.

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