Tiene dos condenas por delitos gravísimos contra el Estado perpetrados mientras era Presidente de la Nación:
* A siete años de prisión efectiva y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, como autor de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. La causa tiene sentencia confirmada esta semana por la Cámara de Casación Penal.
* A 4 años y 6 meses e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por malversación de fondos consistente en pagarle a altos funcionarios de su gobierno, durante años, “sobresueldos” por un valor aproximado a 600 millones de dólares de entonces. La sentencia fue dictada por un Tribunal Oral a fines de 2015 y está apelada ante la Cámara de Casación Penal.
Ambas causas duraron alrededor de 20 años (!!) cada una. Los crímenes están ampliamente probados y, vale repetirlo, fueron cometidos durante la presidencia del condenado.
Son datos concretos, irrefutables, que sin embargo no son noticia más que al día siguiente de cada condena. Rápidamente desaparecen de la primera plana. No hay debate profundo sobre ellos. No hay real condena social. Lo peor, no hay consecuencias para el criminal condenado.
Quien delinquió desde la Presidencia se anota en la carrera para ser re-reelecto como Senador de la Nación. Mantuvo ese cargo por dos períodos a pesar de las numerosas causas -todas graves- en su contra y a pesar de las sucesivas condenas
Lo mantuvo a pesar de no concurrir a cumplir su alta función legislativa casi nunca, a punto tal que entre 2014 y 2015 fue a una sola sesión del Senado. El abuso de los “fueros” legislativos es groseramente evidente.
Las complicidades de la dirigencia política son notorias, en particular la de quienes durante largos años tuvieron -y tienen- cómoda mayoría en el Senado. Aunque en menor medida, deben asumir también responsabilidad los demás legisladores y dirigentes por no haber reclamado con fuerza y constancia el desafuero del condenado.
La sociedad necesita saber que es posible poner algún límite a la protección de la que gozan tantos corruptos, que podemos soñar con la vigencia del principio de igualdad ante la Ley, tantas veces vulnerado
La Justicia tiene ahora la oportunidad de terminar con esta vergonzosa historia de impunidad.
En la jurisprudencia hay un antecedente de peso: el correntino Raúl Romero Feris fue electo Senador a fines de 2003 pese a estar inhabilitado por dos condenas penales para ocupar cargos públicos. La Cámara Nacional Electoral le impidió asumir fundada en esas condenas. El resultado debería ser el mismo para Menem.
Los votos no pueden modificar los efectos de una sentencia penal, no pueden elegir válidamente a un criminal inhabilitado
El gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley al Congreso para que las condenas sean de cumplimiento efectivo desde la sentencia del Tribunal Oral. Aunque se aprobara de inmediato no sería aplicable al caso pero, sin duda, es preciso encarar seriamente la cuestión de la impunidad, en especial respecto de los delitos de corrupción y “guante blanco”.
La duración de las causas penales en general es excesiva y absurda pero la de las causas por corrupción es casi inconmensurable. En promedio duran 14 años pero las dos en las cuales fue condenado Menem se remontan a la década del ´90…
Quien tiene el dinero suficiente para pagar una buena defensa puede apostar tranquilo a la impunidad, a que todo terminará algún día con el simple paso del tiempo, con la prescripción o declarándose el proceso abstracto porque el criminal ya no existe.
Según las encuestas, en el “ranking” de temas que se abordarán en la campaña electoral en curso la corrupción no ocupa un lugar destacado.
Podría entonces concluirse que la impunidad de personajes como Menem sea consecuencia de una sociedad ganada por la idea del desprecio a la Ley o, cuando menos, por la sensación de que se trata de un problema sin solución posible.
Sin embargo también puede pensarse que, por el contrario, ese mensaje nefasto es el que transmiten los hechos y las conductas de quienes ejercen los cargos públicos y de muchos de los dirigentes que aspiran a ocuparlos. Siendo así debería ser factible revertirlo.
En todo caso a la sociedad le cabe promover el debate activo de estos temas, exigir la sanción de las normas adecuadas, demandar el cese de la protección corporativa a los corruptos y reclamar que la Justicia cumpla su rol y haga cumplir sus sentencias, sin privilegios tan grotescos como el que hoy comentamos.