Acaba de concluir la primera etapa de un debate histórico en la Argentina. La ley de despenalización del aborto tiene media sanción tras una extensa e intensa sesión de la Cámara de Diputados de la Nación.
Algo sorprendente y muy valorable ha sucedido con el tratamiento legislativo de esta norma: sólo ha recibido elogios. Dirigentes de todos los sectores, sea cual sea su postura ante la despenalización, destacan que se ha estudiado el tema en profundidad.
Se han escuchado todas las voces, se ha convocado masivamente a especialistas y expertos, se ha discutido con respeto y se llegó a la sesión plenaria tras un intercambio rico, valioso, que hay que anotar como un hito para un Congreso que, al igual que la mayoría de nuestras instituciones goza, por desgracia, de escaso prestigio institucional.
Algunos incidentes aislados no empañan una demostración cívica que impresiona. Millones de personas, con fuerte presencia de jóvenes participaron en todo el país de actos públicos, marchas y concentraciones para expresar sus ideas con libertad y compromiso, al mejor estilo democrático.
Podemos recordar otros momentos históricos de parecida relevancia en las últimas décadas. La sanción del divorcio vincular y la del matrimonio igualitario generaron también, en sus respectivos momentos, intensos debates y fuertes diferencias en la sociedad. La participación fue igualmente masiva y hoy es posible evaluar como sumamente positivas las consecuencias de esas leyes cuya justicia resulta a la distancia incuestionable.
El debate –sobre cuya apertura es innegable el mérito del Gobierno Nacional- puso luz sobre hechos dramáticos y derechos gravemente vulnerados.
La realidad es que, más allá de las prohibiciones legales, cientos de miles de abortos suceden en nuestro país cada año y decenas de miles de mujeres son atendidas de urgencia, en hospitales como consecuencia de la pésima -o nula- atención médica con la que contaron al momento de interrumpir un embarazo no deseado. Por supuesto quienes pueden pagar por esa atención transitan la dolorosa situación de un modo diferente mientras que son las mujeres de los amplios sectores sociales postergados o excluidos las que afrontan esos riesgos enormes e indignos, muchas veces pagados al precio de su vida.
Por eso se ha planteado tantas veces en las últimas semanas que, ante todo y más allá de otros enfoques posibles, se trata de una cuestión de salud pública en la cual no caben consideraciones basadas en las creencias personales de cada uno. Estas, en definitiva, son estrictamente personales y no pueden jamás ser impuestas a los demás en el marco del Estado de Derecho Democrático
En paralelo el esfuerzo del Estado para prevenir embarazos no deseados es, por decirlo generosamente, paupérrimo. Las normas existentes no se cumplen, faltan presupuesto, medidas adecuadas y decisión de llevarlas adelante. Buena parte del problema estaría resuelto si simplemente se hiciera lo que la ley ya indica que debe hacerse.
En teoría nadie se opone a la prevención –al menos ahora ya que la historia demuestra que han sido muchos los que la impidieron durante demasiado tiempo-.
Es hora de que el Gobierno Nacional, las Provincias y Municipios cumplan su obligación de desarrollar la tarea de prevención con urgencia, para lo cual, aunque siempre se pueda mejorar la legislación, no hace falta ley nueva alguna
Lo mismo sucede con los casos de mujeres violadas. Hace seis años la Corte Suprema dictó una clara y fundada sentencia estableciendo como deben atenderse los pedidos de interrupción de embarazo en tales supuestos. La gran mayoría de las Provincias sigue violando la Ley –cuya interpretación por el más Alto Tribunal es terminante- y no instrumentan los procedimientos aptos para que las víctimas ejerzan su derecho.
La responsabilidad, en lo que hace a la despenalización, se traslada al Senado de la Nación quien deberá demostrar que puede estar a la altura de las circunstancias.
Durante el debate parlamentario un diputado invitó a sus compañeros de bloque a preguntarse a qué país o países quieren que se parezca la Argentina y a constatar si en ellos se había despenalizado el aborto
El argumento es contundente. Todos los países que podemos mirar como modelos, aquellos que se destacan por su calidad de vida y por el valor de sus instituciones democráticas, tienen un régimen legal de despenalización.
Les cabe ahora a los senadores reflexionar al respecto.
Un párrafo aparte merecen las mujeres que lideraron –y lideran- esta campaña; ellas nos han dado, como sociedad, una gran lección. Construyeron su esfuerzo en forma transversal, dejando de lado notorias diferencias políticas, orígenes diversos y aspiraciones individuales. Se afirmaron en el intercambio intenso y respetuoso a la vez. Lograron instalar una agenda de género para que, de una vez por todas, la mitad de la humanidad alcance la igualdad de derechos tan larga e injustamente postergada a lo largo de casi toda la historia humana.
El bello y conmovedor discurso de la Diputada Silvia Lospennato resume un avance social que, más allá de la sanción o no de esta Ley, no tendrá marcha atrás
Lospennato recordó a numerosas mujeres que hicieron su valioso aporte durante muchos años. Quiero agregar aquí dos nombres a esa lista:
A María Florentina Gómez Miranda, extraordinaria luchadora, Diputada Nacional y factor fundamental de leyes vitales como la patria potestad compartida, que hoy parecen obvias y tienen apenas tres décadas de vigencia.
A Leonor Aguiar Vázquez, mi madre, incansable en su lucha por los derechos de la mujer, quien fue capaz de transmitirnos a sus hijos un mensaje que, hace 40 o 50 años, parecía más lejano que cualquier utopía.
A todas ellas les debemos reconocimiento en este día.