En la Argentina existe hoy un amplio consenso social sobre la necesidad de contar, en forma urgente, con una ley que permita identificar y condenar a los principales responsables de hechos de corrupción.
Esa norma, mediante la reducción de pena a quienes aporten serios y contundentes elementos probatorios para el logro del objetivo, es fundamental pues permitiría la ruptura de las complicidades mafiosas que protegen a los mayores artífices de crímenes tan repudiables, perpetrados contra toda la sociedad.
Gracias a la fuerte reacción popular, a la profunda repugnancia que los hechos difundidos en estos meses generan a todo nivel, la Ley del arrepentido logró, con una velocidad inédita, media sanción de la Cámara de Diputados.
Sin embargo su trámite parece haberse congelado en el Senado, donde avanza con una lentitud que demuestra el poder de los intereses que se conjugan para impedir su rápida vigencia.
Ciertamente la demora en sancionar la Ley no es una casualidad.
Los escándalos recientes, ampliamente conocidos, son apenas la punta de un iceberg surgido de un complejo sistema corrupto. Es sabido que no se trata de simples hechos puntuales o casos personales sino de una metodología instalada hace largas décadas, particularmente en torno a las contrataciones del Estado y, en especial, a la obra pública.
Por supuesto que eso en nada disminuye la gravedad de los crímenes de los últimos años, cuya investigación parece haberse decidido a abordar –¡al fin!- una Justicia que históricamente ha sido más parte del problema que de la solución. Simplemente planteamos que es preciso asumir la magnitud y grado de complejidad de una cuestión sistémica que, a todas luces, se nutre tanto de los funcionarios como de los empresarios que desarrollan conductas corruptas.
En otras palabras, no es extraño que la dirigencia política y los poderosos intereses económicos no tengan el menor apuro por sancionar una ley que puede implicar un gran aporte a la transparencia y a desnudar lo más profundo de una trama que, sin duda, va mucho más allá de algunos casos, por graves y escandalosos que sean.
Es preciso por eso intensificar el reclamo social para que sea sancionada sin más demora.